El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha abierto la puerta a finalizar el proyecto de prolongación del trazado ferroviario entre Móstoles y Navalcarnero, que en teoría iba a estar abierto finales de 2015, quedó paralizado en el año 2010 dejando a miles vecinos en la estacada y más de 160 millones de euros enterrados.
Según ha adelantado el diario El Confidencial, desde el Ministerio han avanzado que se va a poner en marcha un estudio para medir hasta qué punto es viable asumir la infraestructura, aunque de momento solo es una intención y no se maneja ningún calendario, aunque estará «abierto a todas las opciones».
Aún así, insisten en que la responsabilidad del tramo ya construido debe recaer en la Comunidad de Madrid, ya que fue la administración que promovió esta actuación, que ha dejado ya más de 160 millones de euros enterrados en una infraestructura que ni siquiera comenzó a funcionar nunca.
La Comunidad de Madrid, que ya tuvo que pagar 162,5 millones de euros a la concesionaria en 2022 y en paralelo ha destinado hasta 170.000 euros al año solo en la vigilancia y conservación de la vía, ya decidió en marzo pasado tirar la toalla tras varios varapalos judiciales y propuso pasarle la pelota de nuevo al Ministerio.
La ministra del ramo, Raquel Sánchez, confirmó entonces que, tras mantener una reunión con el entonces consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, este le trasladó «el desistimiento de ejecutar el proyecto y dejar las obras como están», una noticia «sorprendió» al Ministerio.
«Es verdad que lleva muchos años ese proyecto paralizado, pero se ha verbalizado expresamente que la Comunidad de Madrid desiste y que no tiene intención de ejecutar esas obras que en virtud de ese convenio era quien las tenía que ejecutar para luego traspasar la gestión al Ministerio», señaló entonces Sánchez.
Ahora, aunque de forma remota, se abre una posibilidad de reiniciar el plan de ampliación de la red de Cercanías desde Móstoles a Navalcarnero, una obra que fue un empeño personal de la expresidenta Esperanza Aguirre, quien adjudicó a la constructora OHL en 2009 por 369 millones de euros.
Un proyecto fallido
Las obras arrancaron en ese mismo año tanto en Móstoles, donde se comenzaron a oradar los túneles que iban a soterrar toda la línea a su paso por la ciudad, como en Navalcarnero, donde se acotó y valló el trazado, que discurría en superficie, y se llegaron a iniciar las estaciones tanto de El Pinar como de La Dehesa.
Sin embargo, este trazado, que en teoría iba a tener 15 kilómetros de longitud, siete estaciones y estaría abierto a finales de 2015, fue paralizado por parte de OHL en el año 2010 y, más de una década después de que se iniciase esta obra, los vecinos de Navalcarnero, de Móstoles y de Arroyomolinos siguen sin tener esta conexión.
En junio de 2015, tras cinco años con las obras paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad de Madrid solicitando la resolución del contrato por «imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles».
A su vez, el Gobierno regional, entonces liderado por Cristina Cifuentes, reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por «incumplimiento de contrato».
Finalmente, el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid y estimó la reclamación de OHL, que ha recibido recientemente un abono de 162,5 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid por la liquidación del contrato.