El Juzgado de Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por el antiguo interventor del Ayuntamiento de Móstoles Caín Poveda, impugnando de esta manera su cese, aprobado en Junta de Gobierno local en mayo de 2021, «por caducidad del procedimiento».

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En el auto, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, el magistrado asegura que la resolución del cese se comunicó a Caín Poveda fuera de plazo, al haber transcurrido más de tres meses desde el inicio del procedimiento, por lo que «declara su anulabilidad por caducidad del procedimiento», con «imposición de costas a la administración».

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Desde Más Madrid Ganar Móstoles, una de las formaciones que fueron más críticas con el cese del interventor, ha exigido «la restitución inmediata» del funcionario, aunque fuentes municipales han señalado a Noticias para Municipios que «se va a recurrir» el auto, ya que este se refiere a «un defecto de forma en el expediente».

«Avisamos al Gobierno municipal de la irregularidad del cese del Interventor, del cual se dijeron barbaridades. Hoy el Ayuntamiento de Móstoles ha sido condenado y la justicia le ha dado la razón. No se puede insultar a la dignidad de un funcionario público», ha añadido el portavoz de Más Madrid, Gabriel Ortega, en sus redes.

Sin embargo, desde el Consistorio insisten en que «el juez no le da la razón, porque no entra en el fondo del asunto, solamente habla de un defecto de forma en el expediente», que desde el Ejecutivo local ya han avanzado que «van a subsanar».

«No vamos a permitir el que fuera interventor de Estaban Parro y Daniel Ortiz (exalcaldes del PP) vuelva al Ayuntamiento con el cargo que ostentaba«, añaden fuentes municipales, que insisten en que, puesto que existe la posibilidad de presentar un recurso, van a hacerlo.

Pleno de Móstoles

Razones para su cese

El Ayuntamiento de Móstoles aprobó en una Junta de Gobierno local celebrada el 5 de mayo de 2021 el cese del entonces interventor municipal debido a la «pérdida de confianza», una decisión que fue tildada de «purga» por la oposición al entender que no existían una clara motivación de su cese.

Desde el Consistorio argumentaron entonces que la decisión entraba «dentro del proceso de renovación que está llevando a cabo el Gobierno local para romper con cualquier rastro de corrupción en el Ayuntamiento» y que el hasta ahora interventor había sido «reasignado a un puesto acorde con su nivel como funcionario».

«El Gobierno local ha perdido la confianza en este alto cargo, cuya firma está en los informes favorables a contratos que están siendo investigados por los tribunales de justicia españoles por presunta corrupción dentro de las tramas Púnica y Gürtel», insistían desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, mantenían que el cargo de interventor «es un cargo de libre designación, no está sometido a un proceso selectivo», por lo que acusaban a la oposición de «mentir» sobre este punto, además de recordar que este interventor «dio el visto bueno a adjudicaciones que están bajo el punto de mira de la Justicia».

«El hasta ahora interventor había sido nombrado a dedo por un alcalde y ha sido cesado por acuerdo de la Junta de Gobierno siguiendo el procedimiento administrativo legal correspondiente«, añadieron, apuntando también a la situación del Instituto Municipal del Suelo (IMS) como una de las razones de su cese.

En este sentido, afirmaban que el hasta ahora interventor era «el responsable de fiscalizar, sin ninguna objeción, los presupuestos del IMS, un ente con una deuda de unos 53 millones de euros que está al borde de la quiebra y en vías de presentación de un preconcurso, aprobado ya por su Consejo de Administración».

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