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El “peligroso” grupo criminal había actuado mediante secuestros y torturas en las localidades de Madrid, Móstoles, Illescas y Torrijos

MÓSTOLES/ 4 FEBRERO 2021/ La Guardia Civil ha desarticulado íntegramente un “peligroso grupo criminal” asentado en las provincias de Madrid y de Toledo acusado de la comisión de hechos delictivos graves, principalmente tentativa de homicidio, secuestro, torturas y robos con violencia con actuaciones en la ciudad de Madrid, Móstoles, Illescas y Torrijos (Toledo).

Según han informado fuentes del Instituto armado, la actividad delictiva de este grupo delincuencial se centraba en la sustracción de efectos, prioritariamente joyas y dinero, mediante el empleo de una “violencia extrema” sobre sus víctimas, que eran detenidas previamente y eran torturadas para conseguir la información necesaria si no conseguían sus objetivos inicialmente.

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La investigación de la denominada ‘Operación Río Lobos’ se inició por la Sección de Delincuencia Organizada Contra el Patrimonio de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia tras la denuncia presentada por un matrimonio de ciudadanos españoles en la que relataron que fueron asaltados por un grupo de personas cuando se desplazaban por la provincia segoviana.

Según explica este matrimonio en la denuncia, estas personas iban armadas y vestidas como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los denunciantes fueron introducidos por separado en sendos vehículos y trasladados por diversos tipos de carretera por espacio de casi dos horas, hasta llegar finalmente en “una especie de habitáculo” que describieron posteriormente como un contenedor de mercancías.

Desarticulado un grupo criminal especializado en delitos contra el patrimonio mediante secuestros y torturas – GUARDIA CIVIL
Desarticulado un grupo criminal especializado en delitos contra el patrimonio mediante secuestros y torturas – GUARDIA CIVIL

Secuestros y torturas

En ese lugar comenzó la parte más dura de su cautiverio, al ser brutalmente agredidos para que revelaran donde tenían escondidas las joyas y el dinero en su domicilio, así como las claves de los sistemas de alarma y posibles cajas de seguridad”, explican desde la Guardia Civil.

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Tras conocerse esta denuncia comenzó la reconstrucción de los hechos y se llevó a cabo un análisis de “multitud de datos de toda índole” recogidos en la reconstrucción de los hechos realizada a lo largo demás de 200 kilómetros de diversas vías de comunicación.

Este análisis, unido a los datos obtenidos en otras labores de investigación complementarias, permitió la obtención de una serie de “indicios de gran interés” para la investigación que, tras más de seis meses, permitieron a los agentes corroborar la existencia de un grupo perfectamente organizado y cohesionado, formado siempre por más de cuatro personas coordinadas para la perpetración de delitos graves.

Las mismas fuentes precisan que cada uno de los miembros tenía unas funciones perfectamente asignadas, como la selección de lugares y víctimas, medios de transporte a emplear, vigilancias sobre posibles objetivos y valoración del posible beneficio económico a obtener.

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Con todos los componentes del grupo delictivo identificados, los investigadores pudieron conocer “con total certeza” que tenían previsto, en un breve espacio de tiempo, llevar a cabo un “robo de gran envergadura” en una empresa del sector de las tecnologías, en el que calculaban hacerse con un botín estimado de más de 14 millones de euros.

Operación abortada

Esta actuación, en la tenían perfectamente planificado y organizado el secuestro del vigilante de seguridad de la citada empresa, fue abortada por los propios autores por las restricciones de movilidad derivadas de la alerta sanitaria del COVID 19, “circunstancia que ha condicionado de forma muy importante la investigación”, reconocen desde la Guardia Civil, ya que aunque las personas investigadas pasaban largos periodos de tiempo de inactividad, los agentes han mantenido en todo momento el control operativo sobre todas ellas y han estado “permanentemente preparados” para proceder a las detenciones in fraganti de los posibles responsables en el momento que se hubiera detectado que fueran a actuar.

Finalmente y ante la evolución de la pandemia generada por elCOVID 19 y las situaciones generalizadas de confinamiento anteriormentedescritas, cuando se cumplía el año desde que se produjeron los graves delitos por los que se inició la presente investigación, se procedió, “en perfecta coordinación con el Juzgado de Instrucción nº 1 de Sepúlveda (Segovia)”, a la detención de todos los implicados con actuaciones en los partidos judiciales de la ciudad de Madrid, Móstoles, Illescas y Torrijos (Toledo).

Cuatro de las personas detenidas son las que materializaron el secuestro, traslado y torturas de las víctimas, con cuya denuncia se inició esta investigación, mientras que los otros dos son los que, con la información precisa que proporcionan a los anteriores, ponen a las dos víctimas en el punto de mira de este violento grupo criminal y propiciaban que pudiesen ejecutar los delitos descritos “con precisión casi militar”, por lo que son considerados cooperadores necesarios y, por lo tanto, coautores de los delitos investigados.

En total, se han llevado a cabo seis registros domiciliarios y en uno ellos uno de los objetivos de la investigación efectuó un disparo contra la fuerza actuante, “cuyo proyectil, milagrosamente, sólo rozó el cuello de unos de los agentes de la Unidad Central Operativa”, aseguran desde la Guardia Civil.

En los registros se han intervenido dos armas cortas de fuego y una escopeta con los cañones recortados, todas ellas aptas para hacer fuego real, así como abundante munición para dichas armas, varias armas simuladas, pistolas táser, armas blancas, grilletes, gran cantidad de prendas de uniformidad policial como uniformes, gorras, chalecos identificativos, chalecos antibalas, placas policiales identificativas, rotativos de vehículos policiales, así como matrículas falsificadas, dinero en efectivo, joyas y “gran cantidad de pruebas” que vinculan a los detenidos con los hechos investigados.

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