David Sánchez del Rey, ex concejal de Infraestructuras y Mantenimiento (PP) también declarará en calidad de testigo
MÓSTOLES/ 10 JULIO 2016/ La dimisión de Daniel Ortiz como portavoz del PP en el Ayuntamiento y diputado en la Asamblea de Madrid llegó tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le imputara por supuestamente “interceder y presionar para adjudicar a la empresa Cofely un contrato a cambio de comisiones por 746.000 euros dentro de la trama Púnica”.
Así pues, la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid aceptaba la petición del juez Eloy Velasco, que investiga ese caso en la Audiencia Nacional. En su petición señalaba que Ortiz, en su época de alcalde de Móstoles influyó para que adjudicaran a la multinacional Cofely un contrato de 73 millones de euros para la prestación de servicios energéticos y de suministros en la localidad. Fue licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de mayo de 2014.
En su petición señalaba que Ortiz, en su época de alcalde de Móstoles influyó para que adjudicaran a la multinacional Cofely un contrato de 73 millones de euros
En el auto de admisión de la competencia, la Sala nombra instructora de esta causa a la magistrada
Susana Polo García será la magistrada instructora de la causa y ha citado a Ortiz a prestar declaración el próximo lunes 19 de septiembre a las 11:00 de la mañana. A las 09:30 ha sido citado también David Sánchez del Rey (el ex concejal de Infraestructuras y Mantenimiento del PP en Móstoles) en calidad de testigo.
Una imputación que se dilata con el tiempo
El 11 de Mayo el Juez Velasco solicitaba al TSJM que abriera una investigación a Daniel Ortiz, una acción que él no podía realizar al ser Ortiz diputado y estar aforado. El juez afirmaba en la resolución que el exalcalde tuvo “ánimo de lucro personal” con estos “actos de corrupción” en el concurso de suministro energético de edificios municipales y centros educativos de Móstoles, adjudicado por 73.143.434 euros. Señaló fraude, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho”.
El juez Velasco señaló fraude, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho
Además de a Ortiz, el juez dirigía sus sospechas al exconcejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla y a su hermano Mario, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva, los cuales “se erigieron como intermediarios-representantes en las negociaciones del cobro de dádivas” incluyendo en su escrito conversaciones telefónicas donde destacaba una llamada entre Alejandro Utrilla y un empleado de Cofely de la que dice “se interfiere que se referían al Alcalde” con el apelativo de “jefe” y en la que comentaban que si Cofely “quisiera tener una atención con él, un buen momento sería” el de un Congreso que se celebró en Barcelona y del que hay constancia de que entre los ponentes se encontraba Ortiz.
Según el juez, Ortiz presionó “especialmente” al concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey, a quien llegó incluso a solicitar la interrupción del procedimiento de adjudicación.
Las irregularidades, dice Velasco, se hicieron a cambio de mordidas “como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato”, de un total de 746.000 euros en tres partidas de 240.000, 500.000 y 6.000 euros.
