Se trata de la tercera falta “muy grave” de la empresa, “lo que podría suponer la rescisión del contrato por incumplimiento del mismo”
MÓSTOLES/ 10 OCTUBRE 2017/ El Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado en la Junta de Gobierno Local iniciar un expediente sancionador a la empresa Cofely, encargada del mantenimiento, la eficiencia energética y el suministro de energía de los edificios municipales, y cuyo contrato está siendo investigado en el caso Púnica.
Este nuevo expediente supondrá, cuando finalice el pertinente proceso administrativo, la tercera falta “muy grave” de la empresa, “lo que podría suponer incluso la rescisión del contrato por incumplimiento del mismo”, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miguel Angel Ortega (Ganar Móstoles).
Ortega, que forma parte de un gobierno de coalición entre PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV, ha insistido en un comunicado en que el posible inicio de la rescisión del contrato de Cofely demuestra “el compromiso del Gobierno municipal con la transparencia y el respeto más escrupuloso con la gestión del dinero de los mostoleños“.
“Las empresas ya saben que a Móstoles no se puede venir a poner la mano, cobrar y no trabajar, y lo estamos viendo en los planes de recuperación de espacios verdes y en las intervenciones en las fuentes de la ciudad, que llevaban más de dos años paradas”, ha añadido el concejal responsable del mantenimiento de la ciudad.
La empresa de eficiencia energética y medioambiental Cofely se adjudicó en 2014 el contrato para el servicio de mantenimiento total de edificios y colegios públicos de Móstoles, el cual está valorado en cerca de 72 millones de euros y que está siendo actualmente investigado en el marco de la operación Púnica.
El exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz (PP) y el exconcejal de Medioambiente Alejandro Utrilla están siendo investigados en el caso Púnica por haber presuntamente intermediado para que Cofely se adjudicara dicho contrato de mantenimiento de edificios y colegios públicos.
Ortiz dimitió de todos sus cargos -incluido el de diputado regional y concejal de esta localidad madrileña- en julio de 2016 después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptara investigarlo por su posible relación con el amaño de dicho contrato, tal y como pidió el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional.