La huelga de funcionarios de Justicia ha obligado a aplazar el desalojo previsto para este viernes de las 18 familias -48 personas, 18 de ellas menores- que aún residen en el edificio ‘okupado’ de La Dignidad, ubicado en la calle Carcavilla, que ha sido subastado recientemente.
La plataforma Stop Desahucios Móstoles había convocado una concentración este viernes, a las 7:30 horas, para evitar el lanzamiento de estas familias y decenas de vecinos han respondido a la llamada, movilizándose desde primera hora para frenar un desalojo que finalmente no se ha producido.
Tras varias horas aguardando a la comitiva judicial y a los agentes de Policía, haciendo fuerte frente a la verja del edificio, el portavoz de la plataforma, José María Torralbo, ha comunicado a los presentes que, pese a que se había notificado la orden de desalojo, la huelga de funcionarios ha obligado a aplazarlo.
Desde la plataforma aseguran que llevan varios años reclamando «una solución habitacional digna y estable para las familias vulnerables que habitan este edificio desde hace 9 años», pero que el Ayuntamiento de Móstoles «no ha cumplido su compromiso con las vecinas de este edificio», algo que niegan desde el Consistorio.
Los hechos se remontan a mayo de 2014, cuando la plataforma Stop Desahucios «recupera» este edificio abandonado de la calle Carcavilla, en la localidad de Móstoles, el cual desde entonces «ha alojado a familias en situación de vulnerabilidad habitacional», señalan desde la plataforma en un comunicado.
La anterior propiedad resultó ser una empresa constructora que entró en concurso de acreedores, finalmente fue liquidada y sus propiedades, entre las que se encontraba el edificio de ‘La Dignidad’, fueron subastadas y adquiridas por el fondo de inversiones Midtown CA Spain.
«En la actualidad son 18 las familias que habitan el edificio, entre las que figuran familias con menores a cargo y con personas dependientes. Desde el día de la ‘okupación’ del edificio las vecinas y vecinos han tratado de negociar un alquiler social con la propiedad del edificio», añaden desde la plataforma.
Asesoramiento municipal
Desde el Ayuntamiento han señalado a Noticias para Municipios que han hecho «todo lo que está en su mano para ayudar a estas familias que estaban viviendo en edificio privado ‘okupado'», pero que «no todas las familias han presentado ante el juzgado toda la documentación requerida que acredita su situación de vulnerabilidad».
En este sentido, aseguran que desde los servicios sociales y otros servicios municipales «se les ha dado asesoramiento para que pudiesen justificar sus situaciones de vulnerabilidad en caso de que las hubiera, ante el juez y como marca la ley».
«Si en el momento del desahucio no tienen una alternativa habitacional, se dará parte a emergencia social de la Comunidad de Madrid para que les ayuden, porque es la Comunidad de Madrid la que tiene las competencias en este sentido», añaden.
Además, insisten en que, en caso de que no sea posible reubicarles en alguno de los recursos temporales de la Comunidad de Madrid y sea necesario activar una solución de emergencia, habilitarán «los recursos de emergencia disponibles en el Ayuntamiento de Móstoles».