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El alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, ha confirmado que el Ayuntamiento venderá varias parcelas municipales al mejor postor a través de concurso público para construir viviendas de renta libre y, con el dinero ingresado, poder construir los edificios de vivienda en alquiler del plan municipal, una iniciativa para la que Unión por Leganés (ULEG) ha pedido información y ha advertido con acudir a la Fiscalía.

Para poder ejecutar esta operación, la Junta de Gobierno aprobó una modificación de los acuerdos de cesión gratuita del suelo de tres parcelas –23.1, 23.2 y 25.1– del Plan Parcial 5 Poza del Agua a la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE), destinadas en principio a vivienda en alquiler.

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Esto permitirá la venta o enajenación de las parcelas para construir «vivienda libre». En este punto, el primer edil ha admitido la «intención de vender parcelas en concurso al que más pague». «No irá ni a mis vecinos ni a mis amigo, habrá una venta transparente a través de las plataformas del Estado y la (empresa) que más ventajas ofrezca, se la llevará (la parcela)», ha detallado.

Con el dinero recaudado, según ha continuado explicando, se podrán «construir viviendas en alquiler para leganenses que puedan pagar unos 600 euros al mes. No es un regalo, pero tampoco es caro», he zanjado.

Mientras, ULEG ha calificado la operación de «pelotazo urbanístico», al tiempo que ha alertado de que el precio de venta de estas parcelas estaría por debajo del real, en unos 10 millones de euros, por lo que no descarta acudir a la Fiscalía.

Sin embargo, el regidor ha desmentido este extremo. «El suelo que vendemos -ha precisado al respecto- se termina patrimonializando en un edificio propiedad de la ciudad; por tanto, ni hay pelotazo ni despilfarro. Transformamos un suelo en viviendas privadas -insiste- y el dinero va a ir viviendas en alquiler propiedad de la ciudad».

Una promoción de viviendas de EMSULE en Poza del Agua (Foto: Archivo).

Búsqueda de alternativas

Llorente anunció hace unos meses que el Gobierno local (PSOE y Ciudadanos) estaba buscando «fórmulas» alternativas para poder construir las viviendas en alquiler del plan municipal, unas 680 en tres desarrollos urbanísticos de la ciudad. Estaba previsto que de estas viviendas públicas, 350 fueran en régimen de venta y otras 318, en alquiler, proyecto que contaría con una inversión próxima a los 79 millones de euros.

«Estamos acostumbrados a las maniobras de ULEG para intentar dar la sensación de cosas que no son. Llevamos siete años recibiendo denuncias»

Santiago Llorente

Sin embargo, según explicó el regidor, el aumento de los precios de los materiales de construcción -en parte merced a la guerra en Ucrania- había hecho inviable la construcción de las viviendas en alquiler, que no serían finalmente rentables económicamente para las arcas municipales.

Ante ello, la consejera en EMSULE y edil de ULEG Virginia Benito ha pedido conocer los «informes jurídicos que desde el área de Urbanismo» avalan la operación para la venta de parcelas -había un «acuerdo firmado»-, así como «los informes que desde la Asesoría Jurídica del ayuntamiento avalen esta actuación».

Además, ha precisado que se «ha ocultado consciente y deliberadamente que desde hace tres meses se había adoptado una decisión unilateral y autónoma», por lo que ha advertido de que, la formación «irá a Fiscalía si sigue adelante el proceso».

Mientras, Llorente ha asegurado que el Gobierno local está «habituado» a «las maniobras» de ULEG para «intentar dar la sensación de cosas que no son». «Llevamos siete años recibiendo denuncias en el Gobierno y nunca han prosperado», ha resumido.

Podemos rechaza la operación

Mientras, desde Podemos Leganés han expresado su «total rechazo a la decisión de vender tres parcelas de titularidad municipal» para destinar lo obtenido con esta operación a la construcción de viviendas en alquiler.

«Creemos que con esta venta se perjudica a Leganés, toda vez que con ello se vacía el
patrimonio público de todos los vecinos
con el único propósito de generar
especulación», han señalado desde la formación ‘morada’.

Además, ha apuntado a «la falta de transparencia y el oscurantismo con el que está actuando el gobierno local», que es, a su juicio, «la prueba evidente de que no hay ni la más mínima garantía de que ese dinero se empleará, efectivamente, en la construcción de viviendas sociales y no se utilizará para otros fines».

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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