Los profesionales del servicio de extinción de incendios pasarán a depender de la Administración regional
LEGANÉS / 10 JUNIO 2020 / La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, tienen previsto firmar este miércoles el convenio para el traspaso del cuerpo municipal de Bomberos a la Administración regional.
La firma, que tendrá lugar a las 13:00 horas en la Real Casa de Correos -sede del Gobierno regional en Sol-, supondrá el último paso para el trasvase de la plantilla, medios y del parque a la Administración autonómica, ya que el de Leganés, junto con el de Fuenlabrada o Móstoles, es de los pocos parques de la Comunidad que aún dependían de los ayuntamientos.
La intención de la Comunidad de Madrid es que, en los próximos años, los parques de bomberos pasen de 19 a 27 y que se alcance los 1.800 efectivos, por lo que se conseguirá que el tiempo de respuesta sea menor a 10 minutos en el 90 por ciento del territorio regional.
De esta manera, se conseguirá un ratio de 1.500 ciudadanos madrileños por bomberos. Según fuentes de la Consejería, calculan que en unos cinco años estarán operativos estos nuevos parques.
Condiciones
El trasvase, según las condiciones del Ayuntamiento, se puede ejecutar tras garantizar la Comunidad que los profesionales mantendrán su antigüedad y sus condiciones. La plantilla local aprobó en un referendum el trasvase a la Comunidad de Madrid.
Mientras, el Ayuntamiento ha defendido que la integración mejorará el servicio que se presta desde el parque leganense al registrarse una mayor coordinación con otros efectivos.
La decisión, no obstante, no ha convencido a todos. El sindicato CPPM llevó al juzgado este trasvase en diciembre de 2019, aunque el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid determinó la “inadmisibilidad” del recurso interpuesto contra el acuerdo del Pleno donde se aprobó iniciar los trámites para la dispensa del parque municipal de bomberos a la Comunidad de Madrid.
En una sentencia, el juzgado desestimó el recurso, que se basaba en que los informes presentados no justificaban que el servicio fuese “difícil de prestar o imposible” por parte del Ayuntamiento, lo que podría suponer “desviación de poder y fraude de ley”.
