Uno de los ejes de la III Conferencia contra el Hambre que se celebrará este miércoles en Getafe será repensar las estrategias para una ley por el derecho a la alimentación

GETAFE/ 2 ABRIL 2019/ Unas 230.000 personas en la Comunidad de Madrid siguen dependiendo en gran medida de la ayuda alimentaria, según la plataforma Carta contra el Hambre, que este miércoles ha organizado la III Conferencia contra el Hambre en el Espacio Mercado de Getafe.

El portavoz de la plataforma, José Ramón González, ha manifestado a Noticias para Municipios que no solo es un debate sobre el problema que afecta a los madrileños en cuanto a la emergencia alimentaria, sino que es un debate sobre las respuestas institucionales que hay que dar.

En este sentido, ha recordado la iniciativa legislativa que presentaron los ayuntamientos en la Asamblea de Madrid para aprobar una Ley de Garantías del Derecho a la Alimentación, que “fue echada para atrás con los votos del PP y Cs, por lo que nos estamos enfrentando a una siguiente legislatura donde los municipios tienen que repensar su estrategia de cara a llevar adelante esta ley”.

Además, ha añadido que los partidos políticos que lo quieran llevar adelante también tienen que repensar sobre esta estrategia, “y ese es uno de los ejes del encuentro, repensar las estrategias para una ley por el derecho a la alimentación.

Ley pionera

Según González, esta ley sería pionera en España, y “tiene el respaldo de muchas instituciones, entre ellas de la FAO, lo que significa una forma de abordar algo que ya la gente no ve, que la gente se olvida, y es que hay unas 230.000 personas en Madrid que siguen dependiendo en gran medida de la ayuda alimentaria que dan las organizaciones solidarias como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos”.

Asimismo, ha destacado que “lo que tampoco se sabe es que el 50 o 60 por ciento de estos alimentos son comprados por el Estado, pero si lo compraran los municipios habría una gestión más eficiente, ya que por cada diez kilos de comida que se reparten gratuitamente, seis kilos se compran a las multinacionales por el Ministerio de Agricultura con fondos de la Unión Europea”.

“Es algo que pasa desapercibido, pero si esos 6 kilos pudieran ser gestionados directamente por los ayuntamientos, posiblemente el número de kilos que se pudieran comprar serían menos, pero la repercusión en el empleo sería mayor”, ha subrayado. También ha apuntado que “ese es el debate que interesa que tengamos, el que haya muchos kilos para repartir o que podamos recomponer una economía que haga innecesario el reparto de alimentos”.

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