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Un juzgado ha vuelto a apuntar a la Comunidad de Madrid como única Administración competente para limitar la contaminación acústica y ambiental de la fundición ‘Corrugados’, y ha vuelto a frenar cualquier posibilidad de que el Ayuntamiento de Getafe aplique medidas extraordinarias ante las continuas quejas de vecinos y residentes en Los Molinos y Camino Viejo de Pinto por la actividad de la factoría.

De esta manera, y ante la reclamación judicial de ‘Corrugados’ cuando el Ayuntamiento solicitó un estudio de ruidos en la zona para comprobar que las medidas aplicadas por la compañía son efectivas, la Justicia ha señalado que la única con capacidad de «vigilar y sancionar los incumplimientos de la actividad de Corrugados en lo que a ruidos se refiere, ya sea en zona residencial o industrial, es la Comunidad de Madrid».

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La Administración local pretendía exigir el cumplimiento de su propia normativa, en este caso la Ordenanza para la Protección del Medio Ambiente en el municipio, invocando a su favor «todas las disposiciones legales que atribuyen a los ayuntamiento competencias en materia de control del medio ambiente y,
específicamente, la legislación en materia de protección frente a la contaminación acústica».

Sin embargo, el Ayuntamiento ha vuelto a toparse con la negativa judicial para «imponer nuevas medidas correctoras que no constituyen el objeto del Plan de Minimización del Ruido (PMR) aprobado por la Comunidad de Madrid».

“El Ayuntamiento no puede imponer nuevas medidas correctoras que no constituyen el objeto del Plan de Minimización del Ruido (PMR) aprobado por la Comunidad de Madrid en el marco de la AAI otorgada”, argumenta la sentencia.

Solicitaron un estudio de impacto acústico

La nueva resolución judicial establece claramente que «el Ayuntamiento no puede exigir la realización de determinadas medidas, en este caso un estudio acústico, para comprobar si esa actuación ejecutada en el seno del PMR ha dado resultado positivo o no, pues ello no es de su competencia -esgrime-, ya que recae en el ámbito de las que corresponden a la Comunidad de Madrid, que es la que ha otorgado la AAI”.

La fundición de ‘Corrugados’ en Getafe.

Tras ello, el juzgado recuerda que Corrugados «tiene ya limitados los niveles de ruido por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por la Consejería de Medio Ambiente, y dicha AAI prevalece sobre cualquier otro medio de intervención administrativa en la actividad, siendo vinculante para el Ayuntamiento en todos los aspectos medioambientales recogidos”.

“Es objetivo es concentrar en un solo acto administrativo, a cargo de una única administración, la Comunidad Autónoma competente, el control de estas actividades», sentencia, tras recordar que «el Ayuntamiento solo tiene el control sobre el proyecto correspondiente a la normativa municipal en materia urbanística, excepto en lo relacionado -agrega- con el ámbito de control medioambiental, en el cual la AAI precede y se antepone a dicho control municipal”.

Por ello, concluye que «el establecimiento de medidas correctoras corresponde a la comunidad autónoma, así como la imposición de las sanciones correspondientes, al disponer expresamente que la AAI será, en su caso, vinculante para la autoridad local».

Piden medidas a Paloma Martín

Tras tener conocimiento de la sentencia, el Gobierno local (PSOE y Podemos) ha reclamado a la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, que «asuma sus competencias y responda a las exigencias que tanto los vecinos como el Ayuntamiento vienen denunciando en lo que respecta a ruidos en zona residencial desde 2014».

En este sentido, el Ayuntamiento ha conocido que la Comunidad de Madrid ha abierto hasta ocho expedientes por incumplimientos a Corrugados en los últimos 6 años, de los que tan solo ha resuelto uno a día de hoy con una sanción económica.

El Ejecutivo de Sara Hernández ha manifestado, así, «su sorpresa por el control que se está haciendo de la AAI en todos sus extremos, puesto que tanto vecinos, como Policía Local han recogido en los últimos meses posibles nuevos incumplimientos», según han alertado.

Esta es la cuarta vez en los cinco primeros meses del año que Getafe reclama con
hechos, informes y ahora con una sentencia judicial, que la Comunidad de Madrid «debe modificar de oficio la AAI que permite la actividad de la empresa en las actuales condiciones».

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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