El juzgado ha incoado diligencias previas y ha pedido a la fiscalía que tipifique penalmente los hechos denunciados
GETAFE/ 19 DE FEBRERO DE 2020/ La defensa de la familia del niño autista que sufrió un presunto caso de maltrato en el CEE Ramón y Cajal de Getafe ha remitido un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Leganés en el que advierten de la existencia de un informe de la Consejería de Educación que evidencia el cierre en un día del expediente de información reservada incoado ante la denuncia de los padres.
Se trata de un Oficio del Jefe de Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur de la Consejería de Educación en el que se recogen los pasos dados por la Inspección Educativa para abordar un caso que, como recuerdan fuentes de la defensa, se había producido cinco meses atrás y llevaba tres meses denunciado en los juzgados.
Tras reunirse con la directora del centro, la AMPA, las profesoras investigadas y sus abogados, la inspectora designada recibió la orden, el 19 de abril de 2018, de abrir un proceso de información reservada sobre los hechos, que quedó concluido justo un día después de su apertura y del que no se dedujeron responsabilidades disciplinarias.
En el escrito presentado al juzgado, la defensa de la familia asegura que este proceder, recogido en el oficio de la consejería, arrojaba “un resultado predeterminado antes de su inicio” y tenía como finalidad “contrarrestar las informaciones aparecidas en los medios de comunicación” sobre los hechos denunciados.
El escrito de la defensa insiste en denunciar que la inspectora quiso “hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad que ordenó la apertura de la información reservada”, toda vez que no pudo adoptar “las mínimas garantías”, porque no pudo “oír a todas las investigadas, ni a los padres del menor, ni escuchar la totalidad de los audios”.
Denuncia contra Van Grieken
La defensa de la familia del niño, que presentó una denuncia contra el ex consejero Rafael Van Grieken, el ex director del Área Territorial Madrid-Sur, la inspectora adscrita a la misma y el Jefe del Servicio de Inspección Educativa de la consejería, apunta en su escrito a un presunto delito de prevaricación administrativa en todo este proceso.
La familia ha denunciado en varias ocasiones que el resultado de ese expediente de información reservada fue utilizado en sede parlamentaria por el entonces consejero de Educación y fue objeto de una noticia publicada por un medio de comunicación justo después de su cierre.
Incoan diligencias
El escrito se ha registrado después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Leganés haya incoado diligencias previas y haya pedido a la fiscalía que tipifique penalmente los hechos denunciados.
La familia del menor denunció un presunto caso de malos tratos a su hijo en enero de 2018, en base a las conversaciones grabadas durante varios días del mes de noviembre de 2017 y en las que se recogían comentarios como “que te aguante tu tía”, “echarle agua por encima” o “pincharle en el culo” que tres profesoras del centro dirigieron al niño.
La familia del menor logró estas grabaciones con un dispositivo que ocultaron entre la ropa del niño, que habría sufrido un “cambio brusco” en su comportamiento tras su ingreso en el CEEP Ramón y Cajal en octubre de 2017, según la versión de sus padres.
La causa fue archivada por un juzgado de Getafe el pasado 19 de diciembre, aunque los abogados de la familia recurrieron la decisión por “indefensión jurídica”, toda vez que el archivo de la causa se basa en una declaración del doctor que había atendido al menor y al que los abogados de la familia no pudieron plantear preguntas por decisión del juez.