La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Getafe ha acordado ordenar el desalojo de dos viviendas de emergencia social en un plazo de ocho días, debido a que se encuentran ocupadas de forma irregular en un edificio de 45 pisos en la avenida de las Ciudades que son de propiedad municipal pero gestionados por la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, según los documentos de la Junta de Gobierno, se han desestimado las alegaciones y documentación presentadas contra los acuerdos de los pasados meses de marzo y abril por los que se iniciaron los expedientes de recuperación de oficio de las viviendas, que están ocupadas sin título legítimo para ello.
Según la Junta, el motivo de seguir con estos expedientes en una de las viviendas es «estar ocupada de forma irregular y sin título legítimo para ello, por los motivos contenidos en el Informe de la TMAE Coordinadora de Servicios Sociales, de fecha 6 de mayo de 2022».
Además, advierte de que si los ocupantes no abandonan las viviendas, «se proseguirá el expediente y serán lanzados», y señala que solicitará «autorización judicial de entrada a la vivienda en el caso de que no se produzca el desalojo en el plazo concedido».
La autorización demanial de ocupación de estas viviendas es por un año, pero se puede prorrogar hasta un máximo de cuatro años a propuesta de los Servicios Sociales, que justificarán la necesidad.
Los adjudicatarios deben destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente de los miembros de la unidad familiar que consten en el expediente de los Servicios Sociales, quedando expresamente prohibido el uso de las mismas por personas distintas de las que figuren en dicho expediente sin autorización del Ayuntamiento.
Recuperar la gestión del edificio
El Ayuntamiento quiere recuperar estas viviendas para destinarlas como pisos tutelados para personas mayores. De hecho, el Pleno aprobó el pasado abril reclamar a la Comunidad de Madrid que ceda al Ayuntamiento la gestión del edificio, destinadas a alojamiento de emergencia social, para destinarlo a «apartamentos tutelados» para personas mayores.
Los Grupos coincidieron en el «deterioro» de las instalaciones actuales, y en que esas viviendas no «están cumpliendo» su finalidad, el «alojamiento temporal», debido a que la situación de las familias que allí residen se cronifica sin dar opción a la «rotación» de los residentes de estos pisos.
Por eso, el Pleno pidió al Gobierno regional que busque a estas familias otras viviendas «permanentes», para destinar los pisos a colectivos locales de mayores o jóvenes. «En estos nueve años del convenio la Comunidad no han ofrecido una solución a estas familias», según ha informado el concejal de Vivienda y Sostenibilidad, Ángel Muñoz.
