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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido un aplazamiento de dos meses del desahucio de «una familia vulnerable», con dos menores a su cargo, previsto este martes en la calle Belén, 7 de Fuenlabrada, que denuncian haber sido víctimas de un «falso alquiler».

Una treintena de personas se ha concentrado este martes a las puertas de la vivienda hasta que el juzgado ha notificado que la familia, compuesta por Deisy, su pareja, sus dos hijas (una de ellas menor) y su nieta (de 11 meses), se podía quedar en la vivienda durante dos meses, hasta que encuentre una solución habitacional.

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Según han señalado desde la PAH, la familia no ha tenido ninguna denuncia por impago, asegurando que «no han podido defenderse en el proceso judicial de desahucio por impago de alquiler, porque este venía a nombre de otras personas, los anteriores inquilinos».

Desde la familia se pusieron en contacto este lunes con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que ha elaborado un informe sobre la vulnerabilidad de la familia, ayudando a conseguir el aplazamiento del desahucio, al menos, durante dos meses o hasta que se encuentre una solución habitacional.

Desde la plataforma insisten en que Deisy y su familia actualmente «disponen de un contrato de alquiler en vigor firmado por el anterior propietario del piso, un particular» y que «no se encuentran en impago alguno», por lo que consideran que se trata de un desahucio ilegal.

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Contrato de alquiler

A pesar de que, según la PAH, existe contrato en vigor con los anteriores propietarios de la vivienda, los nuevos propietarios, Building Center, una inmobiliaria de CaixaBank, han puesto en marcha el proceso de desahucio «sin atender a la vulnerabilidad y riesgo de exclusión social» de esta familia.

«Desde la PAH no vamos a permitir este nuevo abuso bancario, ya que esta familia no puede desahuciarse en un proceso por impago de alquiler, que ni siquiera va a su nombre. Debe ser en un nuevo proceso judicial a su nombre, que les garantice la defensa y tutela judicial», insisten desde la plataforma.

Por ello, han solicitado que, en primer lugar, «se esclarezca la situación habitacional (si son okupas o inquilinos en un contrato de alquiler falso)», y después se investigue «quién o quiénes son los responsables de todo esto y que no se criminalice ni desahucie a una familia vulnerable sin garantías judiciales».

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«Más aún, sabiendo que dejar a esta familia en la calle va contra derechos básicos de la vivienda y la infancia, y les dejaría en una clara situación de pobreza extrema», añaden, reiterando que la familia «no ha podido defenderse en el proceso judicial de desahucio».

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