Un edificio okupado ubicado en la calle Real de Collado Villalba, propiedad de la Sareb, dependiente del Ministerio de Economía, ha sido desalojadoeste jueves, lo que ha afectado a más de medio centenar de personas según el Ayuntamiento de las más de cien que vivían en él.
Desde primera hora de la mañana, decenas de personas convocadas por la Asamblea de Vivienda Villalba se han congregado a las puertas del bloque ubicado en la calle Real 13-15 para evitar el lanzamiento.
Un amplio dispositivo policial formado por efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil custodiaba el inmueble, donde los congregados han dispuesto colchones y enseres a modo de muro en la zona de entrada para intentar evitar el acceso. Una persona ha sido arrestada durante el proceso de desalojo por agresión, han indicado fuentes municipales a Europa Press.
43 familias
Se trata de un edificio de la Sareb okupado desde hace años en el que residen actualmente unas 43 familias, entre ellas menores y personas con discapacidad, según ha explicado Guillermo Di-Marco, miembros de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba.
Desde Sareb han apuntado que se ha ofrecido reubicación a 15 familias vulnerables «y colaboradoras» que residían en el inmueble y que tenían acceso al programa de Alquiler Social con Acompañamiento e Inserción Laboral al haber acreditado su vulnerabilidad, puesto en marcha en 2022 y del que se benefician más de 9.800 hogares.
De ellas, nueve fueron reubicadas en los últimos meses y han firmado un contrato de alquiler social de Sareb y el resto tienen vivienda reservada y oferta de alquiler, han indicado desde el organismo dependiente del Gobierno.
Orden del Ayuntamiento
El desalojo del inmueble se produce a petición del Ayuntamiento de la localidad, mediante un decreto comunicado a la Sareb, tras constatarse que el inmueble no reunía las condiciones mínimas exigibles para su uso como vivienda. Responde exclusivamente, según el Consistorio, «a criterios técnicos, de seguridad y de salubridad» y se ha realizado con «pleno respeto a la legalidad vigente» y siguiendo «criterios técnicos objetivos».
Desde la Asamblea de Vivienda, en cambio, han asegurado que no hay justificación legal para llevar a cabo este desalojo masivo, ante el que hay cursada una petición de cautelarísimas en un juzgado, ha explicado el portavoz.
«No han pedido una autorización judicial de entrada al domicilio; no hay declaración de ruina del edificio ni situación de emergencia que justifique un desalojo sin autorización judicial», recalcan desde la Asamblea, que aporta un informe técnico de un arquitecto independiente, fechado el pasado 30 de octubre.
Según este informe, el edificio presenta «un estado estructural sólido y estable, sin patologías graves ni riesgos aparentes para la seguridad de sus ocupantes».
Informe técnicos municipales
En cambio, desde el equipo de Gobierno de Mariola Vargas se ha recalcado que los informes técnicos municipales «acreditan de forma concluyente la existencia de deficiencias estructurales, así como graves carencias en materia de seguridad y condiciones higiénico-sanitarias, incompatibles con la permanencia de personas en el interior del edificio y que suponían un riesgo real para la integridad física y la salud de sus ocupantes».
Un informe técnico del arquitecto municipal con fecha de 13 de noviembre sobre este edificio, donde el pasado 26 de octubre se registró un pequeño incendio, concluyó que el edificio carecía de licencia de primera ocupación, según apuntan desde el Consistorio.
El Consistorio ha explicado además que, «actuando con responsabilidad y proporcionalidad», se instó a los propietarios a adoptar las medidas necesarias para resolver la situación. Así, se le comunicó la necesidad de regularizar una serie de actuaciones con el fin de garantizar la seguridad en el edificio y adecuarlo a la normativa vigente.
Varios de los desalojados han explicado que había familias enteras que algunos llevan muchos años residiendo en este edificio y que ahora les «han tirado» a la calle, entre ellos, dicen, menores y personas vulnerables. «No somos bichos, somos personas humanas. Estamos en la calle y no tenemos donde ir», ha explicado Joaquina.
