Los vecinos de Aranjuez deberán afrontar el pago de 1,5 millones de euros como indemnización fijada en sentencia por un tribunal judicial para hacer frente al pago por un proceso fallido de expropiación de terrenos firmado en septiembre de 2008, hace catorce años.
El Pleno ha aprobado ahora los mecanismos para afrontar esta deuda, tras estudiar «varias vías». En este sentido, el Ayuntamiento recaudará este montante -según la concejala de Hacienda, Belén Barcala del Pozo– recurriendo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, por importe de 443.562,36 euros.
Además, se recurrirá a la vía de la modificación presupuestaria de partidas de intereses de préstamos del presupuesto actualmente prorrogado, por 692.631 euros y, en último lugar, se utilizarán 443.450 euros del remanente de tesorería para complementar el importe fijado en la sentencia.
Sentencia del TSJM
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Consistorio en octubre de 2021 abonar «de forma definitiva» la indemnización económica de 1.579.644,76 euros por el incumplimiento del convenio expropiatorio que fue suscrito en septiembre de 2008 por el entonces alcalde Jesús Dionisio, del PSOE.
El objeto era la expropiación de una finca ubicada entre la carretera de Andalucía y la denominada Calle Larga, a cambio de un justiprecio en especie que recibiría el expropiado.
Convenio «irresponsable»
Según Barcala del Pozo, se trató de un convenio que «se firmó forma irresponsable, sin tener la seguridad de que saldría adelante el desarrollo urbanístico del sector Puente Largo y sin haberse aprobado siquiera el planeamiento correspondiente».
La edil ha recordado que el «perjuicio para las arcas municipales podría haber incluso sido muy superior, ya que -según ha explicado- los expropiados estaban reclamando más de 10,6 millones de euros».
En este punto, ha lamentado que desde que el PP llegó al Gobierno local se han pagado más de 8 millones de euros «bien por impagos de sentencias firmes durante la pasada legislatura de gobierno socialista, ya se han pagado en menos de tres años más de 8 millones de euros en sentencias judiciales».
Para afrontar esta última deuda, el Ejecutivo local ha asegurado que ha sido «necesario realizar una muy rigurosa gestión de los recursos para, en este contexto, dar buenos resultados económicos sin subir un solo euro en impuestos, sin ocasionar ningún quebranto en la tesorería, y cumpliendo a su vez con la obligación legal de pago de esas sentencias sin dar patadas hacia delante como hacían en la anterior legislatura el Partido Socialista».
«En este año 2022 -ha precisado la edil- tendremos que destinar 1,5 millones de euros, en vez de en inversiones para esta ciudad o en mejora de servicios públicos, a incumplimientos de convenios firmados de forma bastante temeraria e irresponsable, y que unidos a los 8 millones de euros ya abonados, hacen que en menos de tres años que llevamos de legislatura, hayamos tenido que emplear más de 9,5 millones de euros de los impuestos de los ribereños en abonar resoluciones judiciales».
