La Fiscalía ha ratificado su petición de 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público para la edil del PP de Alcorcón Susana Mozo, tras su declaración este jueves en la Audiencia Provincial de Madrid por presunta prevaricación en la liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes (CREAA).
La edil del PP, que no va en las listas electorales, estaba llamada este jueves a declarar por su participación, cuando era teniente de alcalde y en calidad de consejera delegada de la Empresa de Gestión Inmobiliaria (Emgiasa), en la liquidación del contrato de las obras del complejo del CREAA por valor de 34 millones de euros.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía se ha ratificado en su escrito de acusación, que solicitaba hasta 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público para Mozo, por autorizar dicha liquidación «a pesar de que la acusada sabía que no tenía capacidad para la firma del contrato».
Los hechos se remontan al año 2012, cuando siendo Susana Mozo teniente de alcalde y consejera delegada de Emgiasa, esta reconoce que mantiene una deuda de 33.993.505 euros por la construcción del CREAA, un complejo artístico de 66.000 metros cuadrados, ideado por el exalcalde socialista Enrique Cascallana, pero cuyas obras no acabaron de terminarse por la llegada de la crisis.
De esta manera, Mozo habría autorizado la liquidación de esos cerca de 34 millones de euros con la firma de un contrato con una unión temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, algo para lo que, según la Fiscalía, no estaría facultada al exceder «el límite de 90.000 euros».
Estos hechos fueron denunciados por la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), en marzo de 2019 y, aunque en una primera instancia, fue archivada por el juzgado de Alcorcón, la Audiencia Provincial de Madrid obligó a reabrir el caso y estudiarlo a fondo, personándose también el Ayuntamiento en el mismo.
Acusaciones
En octubre pasado, la Fiscalía anunció finalmente que formularía acusación por un delito de presunta prevaricación, motivo por el cual pide 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público y la nulidad del contrato, al entender que la acusada «carecía de poderes para realizar disposiciones económicas superiores a 90.000 euros».
La acusación particular, ejercida por la alcaldesa y el Ayuntamiento, ha solicitado, además de los 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público y la nulidad del contrato que pide la Fiscalía, hasta 8 años de prisión para Mozo.
La regidora socialista ha insistido además que este contrato «sirvió para promover el concurso voluntario de acreedores que solicitó el Gobierno del PP y que tuvo como consecuencia la liquidación de la Emgiasa», asunto por el que De Andrés está envuelta en otra causa judicial que también plantea su inhabilitación para cargo mercantil.
«Si el juez avala la nulidad de este contrato, según la petición de la Fiscalía, se solicitará que se retrotraigan todas las consecuencias derivadas del mismo, es decir, el concurso de acreedores y las resoluciones e inhabilitaciones en el ámbito mercantil que tanto utiliza el PP de forma torticera», ha añadido.