La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra la edil del PP de Alcorcón Susana Mozo, investigada por presunta prevaricación en la liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes (CREAA) cuando era segunda teniente de alcalde de la localidad.
El auto, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, señala para el comienzo del juicio oral los días 23 y 24 de mayo de 2023, a las 9.30 horas, apenas días antes de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, aunque todavía se desconoce si Mozo concurrirá o no en los citados comicios en la lista del PP.
Esta apertura de juicio se produce después de que la Fiscalía solicitara hace unos meses, en su escrito de acusación, hasta 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público para la edil del PP, quien en calidad de consejera delegada de la Empresa de Gestión Inmobiliaria (Emgiasa), autorizó la liquidación de las obras del CREAA por valor de 34 millones de euros «a pesar de que la acusada sabía que no tenía capacidad para la firma del contrato».
Los hechos se remontan al año 2012, cuando era alcalde el actual consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez (PP), y segunda teniente de alcalde, Susana Mozo, que además era la consejera delegada de Emgiasa, que el 28 de febrero de 2012 presentó un concurso voluntario de acreedores.
En aquel entonces, Emgiasa reconoce que mantiene una deuda de 33.993.505 euros por la construcción del CREAA, un complejo artístico de 66.000 metros cuadrados, ideado por el exalcalde socialista Enrique Cascallana, pero cuyas obras no acabaron de terminarse por la llegada de la crisis.
34 millones de euros
De esta manera, Mozo habría autorizado la liquidación de esos cerca de 34 millones de euros con la firma de un contrato con una unión temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, algo para lo que, según la Fiscalía, no estaría facultada al exceder «el límite de 90.000 euros».
En concreto, la empresa municipal abonaría algo más de 29 millones de euros por certificaciones de obra y devoluciones de retenciones en metálico, mientras que el capital restante (4,97 millones) se saldarían con la entrega de bienes inmobiliarios -aparcamientos y locales, entre otros-, mediación la dación en pago.
Estos hechos fueron denunciados por la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE) en marzo de 2019 y, aunque en una primera instancia, fue archivada por el juzgado de Alcorcón, la Audiencia Provincial de Madrid obligó a reabrir el caso y estudiarlo a fondo, personándose también el Ayuntamiento en el mismo.
Poco después, el juez dio traslado al fiscal y a la acusación particular, ejercida por Natalia de Andrés y por el Ayuntamiento, para que formularan acusación contra la concejal del PP, pidieran el archivo de la causa o incluso solicitaran pruebas complementarias antes de que se dictara auto de apertura de juicio oral o de sobreseimiento.
Inhabilitación de 10 años
En octubre pasado, la Fiscalía anunció finalmente que formularía acusación por un delito de presunta prevaricación, motivo por el cual pide 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público, por lo que interesaba la apertura de juicio oral.
En su escrito, al que tuvo acceso Noticias para Municipios, el Ministerio Fiscal insistía en que la acusada «carecía de poderes para realizar disposiciones económicas superiores a 90.000 euros», por lo que entiende que ha podido cometer «un delito de prevaricación», recogido en el artículo 404 del Código Penal.
Por ello, interesaba la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial y estimaba que «procede imponer a la acusada la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por tiempo de 10 años».