Varias trabajadoras habían presentado una denuncia en mayo de 2019 por “la escasez de personal”
ALCORCÓN/ 18 FEBRERO 2020/ El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón ha archivado la denuncia presentada en mayo de 2019 por un grupo de trabajadoras de la Residencia de Mayores de Alcorcón, de titularidad pública, al no encontrar ninguna irregularidad que fuera delictiva.
Según ha adelantado El País, el magistrado, Agustín Carretero, dictó un primer auto de sobreseimiento el 25 de noviembre pasado y, al no haber recurrido las trabajadoras ni ante el propio juzgado ni ante la Audiencia Provincial de Madrid, archivó el caso de forma definitiva el 31 de enero pasado.
Varias trabajadoras de la residencia de mayores de Alcorcón interpusieron el 17 de mayo pasado una denuncia ante los Juzgados de Alcorcón por “ausencia temeraria de personal en este centro”, lo que, a su entender, evitaba “una atención digna a residentes y a trabajadores”.
Las trabajadoras se quejaban de que la escasez de personal, asegurando verse “obligadas a dar la atención a 40 residentes grandes dependientes entre dos auxiliares de enfermería, o técnicos en cuidados de enfermería (TCAE)”, lo que se traducía en que no se atendía a los residentes “en condiciones dignas”.
La denuncia, a la que tuvo acceso Noticias para Municipios, recogía otras situaciones como la sucedida el 13 de mayo de 2019, cuando solo contaban con veinte TCAE “para atender y realizar aseos, comidas, reparto de medicación, cambio de pañales y vigilancia de todos los residentes”, que en aquel momento eran un total de 270.
“No podemos hacernos responsables de la seguridad ni de una correcta atención de los residentes, por la presión y el abandono que vivimos, ni por la falta tan abrumadora de personal”, añadía la denuncia, en la que se acusaba a la dirección de “abuso de poder” por tenerlas sometidas “a este estrés y lamentables condiciones”.
Cumple las ratios
Algo que desmintieron desde el primer momento desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que alegaron que esta residencia, “mejoraba ampliamente la ratio establecida por la normativa estatal” con 0,9 profesionales por residente frente al 0,47 de la normativa oficial.
Además, desde la Consejería añadieron que se había hecho “un importante esfuerzo” en 2018 con 17 nuevas plazas y 13 más que crearon en 2019, además de destinar en esta legislatura 30 millones de euros a la residencia en gastos de personal, corrientes e inversiones, y 1,3 millones mejorar infraestructura y climatización.
Tras la denuncia, el titular de este juzgado, que ya se encargó de la investigación de la muerte de un residente en el jardín del mismo centro en abril de 2017, que también sobreseyó, solicitó un informe detallado a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, donde demandaba la plantilla, los turnos y el reparto de funciones.
Tras recibir y analizar toda la documentación de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, el magistrado dictó un primer auto de sobreseimiento el pasado 25 de noviembre al no encontrar ninguna irregularidad que fuera delictiva, archivando el caso de forma definitiva el 31 de enero pasado.