El Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, ha enviado una resolución al Ayuntamiento de Alcorcón expresando sus «reservas» en relación con el requisito de estar matriculado en centros educativos públicos para recibir las subvenciones municipales destinadas a afrontar el pago de las tasas de la EVAU.

La resolución llega después de que el PP trasladara una queja al Defensor del Pueblo al considerar que la citada convocatoria de subvenciones para el pago de la EVAU, que estaba restringida solo a alumnos de centros públicos, pudiera suponer «una quiebra del principio de igualdad».

La queja fue registrada por el PP el 17 de junio pasado, después de conocer que «la subvención era, única y exclusivamente, para los alumnos matriculados en centros públicos de Alcorcón y, por lo tanto discriminaba al resto de alumnos que estudiaba en centros concertados, a pesar de cumplir todos los requisitos».

«Circunscribir la participación en estas convocatorias a las familias de Alcorcón con hijos matriculados en institutos públicos, deja fuera a aquellos alumnos que han sido escolarizados por la administración educativa de oficio en un centro concertado por no existir suficientes plazas en institutos públicos», alertaba el PP.

Para los ‘populares’ «no había justificación alguna al trato desigual y discriminatorio a los alumnos de Alcorcón» que establecía el Ayuntamiento en las bases de la subvención, «motivo inconstitucional que hicieron saber al Defensor del Pueblo para pedir amparo», según señala el PP en un comunicado.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (Foto: Ep)

Resolución

Tras la queja, el Defensor del Pueblo, pese a que no se pronuncia «sobre la oportunidad de las decisiones de índole política que están en la base de la determinación de los criterios y requisitos que se contemplan» en la citada subvención, sí considera que «debe expresar ciertas reservas».

Lo hace «en relación con el requisito de estar matriculado en centros educativos públicos, toda vez que pudiera llegar a suponer una quiebra del principio de igualdad circunscribir la participación en estas convocatorias a las familias de Alcorcón con hijos matriculados en institutos públicos».

Al dejar fuera a «aquellos alumnos que han sido escolarizados por la administración educativa de oficio en un centro concertado, y no en el ejercicio de su derecho a la libre elección de centro, por no existir suficientes plazas en los institutos públicos del municipio», se estaría quebrando ese principio.

«No parece suficientemente justificado que alumnos que cursan estudios en las reseñadas etapas educativas, y teniendo una misma situación económica y familiar o incluso alguno de ellos más desfavorecido, uno disponga de ayudas a la educación para hacer frente al pago de las tasas de EVAU por la sola circunstancia de hallarse en un centro público, y no el otro que, al no haber obtenido plaza en ningún instituto público, ha sido matriculado obligatoriamente en un centro concertado», añade.

En su escrito, el Defensor acaba trasladando al Ayuntamiento de Alcorcón que en futuras convocatorias de las ayudas a que se viene haciendo referencia, incluya las «modificaciones dirigidas incluir a los alumnos matriculados de oficio en centros privados sostenidos con fondos públicos, tal y como imponen los objetivos constitucionalmente establecidos para el sistema de becas y ayudas al estudio».

«Estas recomendaciones del Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de Alcorcón ponen de relieve que el gobierno de Natalia de Andrés discriminó a una parte de los alumnos de Alcorcón a pesar de nuestras advertencias, y que vulneraron los principios de igualdad y no discriminación», concluyen desde el PP.

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