El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado a la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa municipal de gestión inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa).
En esta misma causa, además de la actual regidora, también ha sido condenado a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada el exalcalde socialista Enrique Cascallana y otras siete personas que formaban parte del Consejo de Administración de Emgiasa en 2010.
En el auto, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios y contra el que cabe recurso de apelación, el juez también inhabilita a De Andrés y al resto de miembros a «representar o administrar a cualquier persona pública o privada, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales, de forma y titularidad pública o privada».
Además, el juez también la condena a la pérdida de «cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal contra la masa», así como a la «devolución a la masa de los bienes o derechos que pudiera haber obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiese recibido de la masa». Asimismo, la condenada de modo mancomunado a la «cobertura de la totalidad del déficit concursal contable por créditos concursales y contra la masa».
Etapa de Cascallana
Los hechos se remontan a la etapa de Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda que actualmente está en concurso de acreedores.
La Fiscalía entendía que la situación de quiebra que alcanzó la empresa pública posteriormente fue consecuencia directa de una gestión «culposa» en las actuaciones referidas a la construcción de las distintas fases del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) y a las relaciones comerciales con Gesmansur respecto a la ejecución del Plan Municipal de Vivienda de Alcorcón.
Desde el Ayuntamiento han evitado pronunciarse de momento sobre esta sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días. Quien sí que se ha pronunciado ha sido el PP de Madrid, que ya está exigiendo su dimisión.