La financiación del mantenimiento y los suministros del Centro de Educación de Personas Adultas Alfar de Alcorcón, que depende de la Comunidad de Madrid pero cuyas aulas están alojadas en un edificio municipal, ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el PP y el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos.

Desde el PP insisten en que «es obligación» del Ayuntamiento hacerse cargo del mantenimiento y los suministros (luz, agua, limpieza o conserjería) del edificio donde se alberga esta ‘escuela’ para adultos, que «tiene 600 alumnos y da la oportunidad a muchas personas mayores a formarse y tener más opciones laborales».

Sin embargo, denuncian en un comunicado que, desde diciembre de 2020, el Consistorio «ha venido reduciendo progresivamente su aportación a los diferentes servicios que necesita el centro Alfar para mantener su correcto funcionamiento», hasta llegar a la situación actual en la que «no realiza ningún tipo de colaboración».

Desde el PP insisten en que, a lo largo de este tiempo «se ha ofrecido al Ayuntamiento la posibilidad de firmar un convenio, e incluso el propio Ayuntamiento ofreció la posibilidad de cesión del edificio a la Comunidad de Madrid, pero desde Ayuntamiento de Alcorcón no ha mostrado disponibilidad para avanzar».

Algo que niegan desde el Gobierno municipal, donde afirman que desde la Concejalía de Educación «no sólo han hecho lo posible por colaborar con el CEPA Alfar sino que han exigido reiteradamente a la administración competente, la Comunidad de Madrid que asuma las competencias que le competen».

Centro Alfar de Alcorcón/ Ayto. Alcorcón

Fuera de su competencia

En este sentido, fuentes de la Concejalía han señalado a Noticias para Municipios que el Ayuntamiento «ha asumido todos los gastos correspondientes a energía eléctrica, agua, teléfono, consejería y limpieza», algo que se trasladó, a través de una carta en diciembre de 2020, al entonces director general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.

«De hecho, previamente, ya se informó sobre las dificultades del Ayuntamiento para asumir los gastos derivados del CEPA así como la necesidad de formalizar un convenio con la Comunidad de Madrid para la cesión del edificio, a quien le corresponde los gastos de su mantenimiento y el de los suministros necesarios», añaden estas fuentes.

Tras este escrito, desde el Gobierno municipal aseguran que fue la propia Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial quien comunica a la Concejalía que «ha valorado muy positivamente la colaboración que se ha mantenido entre ambas administraciones en esta materia».

«Por ello, la Unidad Técnica de Educación de Adultos y Atención a la Diversidad, adscrita a esa Dirección General, propuso la posibilidad de elaborar un convenio de colaboración entre ambas administraciones, si bien, a día de hoy, no tenemos ninguna propuesta ni modelo de convenio para subsanar dicha situación«, recalcan.

Ante esta falta de propuesta, explican desde la Concejalía, acaban comunicando el 20 de diciembre de 2020 que «a partir del 1 de enero de 2021 se procedería a trasladar a la Comunidad de Madrid las facturas correspondientes a los suministros que se presentaban al cobro por las compañías suministradoras».

«Casi tres años después no conocemos ninguna propuesta para formalizar la cesión, ni tenemos conocimiento de borrador de convenio alguno por parte de la Consejería de Educación. Sin embargo, este ayuntamiento continúa pagando gastos correspondientes a energía eléctrica, agua, teléfono«, resaltan fuentes municipales.

Por ello, reiteran que «no solo es mentira que el Ayuntamiento haya dejado de pagar los suministros y de suministrarle conserje cuando lo ha necesitado, sino que lo hace al margen de sus competencias», aunque seguirán trabajando para «revertir esta situación» que «no es de su competencia».

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