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La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha instado a que se presenten pruebas que «no sean ilegales» sobre los cursos sobre terapias de conversión de la homosexualidad que habría practicado el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá.

Según ha recordado la consejera, los hechos se remontan a abril de 2019 a raíz de una información publicada por ‘eldiario.es’ que aludía a que esas terapias estaban siendo realizadas en el marco del Centro de Orientación Familiar Regina, un servicio perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares.

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El escrito de la Secretaría General Técnica exponía que con fecha de 2 de abril tuvo entrada un escrito de denuncia, por parte de Más Madrid, por la posible infracción de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de orientación sexual en la Comunidad de Madrid.

Al día siguiente, la Asociación Arcópoli registró en la Consejería de Presidencia otra denuncia en este sentido, al igual que hizo COGAM en el Ayuntamiento de Madrid. La consejera indica que el periodista que suscribe estos hechos «afirma haber llevado a cabo una investigación haciéndose pasar por un joven que quiere cambiar su orientación».

El 8 de mayo de 2010, según relata, entra en la Secretaría un informe de la dirección general de servicios sociales en el se elaboran los hechos y se califican como infracción muy grave, por lo que propone la incoación del correspondiente procedimiento. El periodista, al mes siguiente, lleva las pruebas «que eran grabaciones obtenidas sin el consentimiento y la documentación con correos electrónicos sobre la supuesta terapia reparativa de la homosexualidad».

En este punto, el servicio jurídico de la Consejería emitió informe sobre si era posible «incorporar a un procedimiento administrativo sancionador la grabación de una conversación entre particulares obtenida sin el consentimiento de uno de los interlocutores».

«El informe señala que una grabación no consentida pueda afectar a la privacidad del interesado y señala que para incoar el procedimiento sancionador sería necesario aportar otros medios como prueba (…) En este caso, las pruebas obtenidas no se obtuvieron de acuerdo a la legalidad exigible», ha lanzado, para a continuación añadir que los órganos competentes en esta materia han actuado en todo momento «conforme a la legalidad vigente».

Así, ha defendido que por su parte están cumpliendo las leyes vigentes y los procedimientos sancionadores, pero tienen que hacerse con «las garantías constitucionales». «Hay que presentar pruebas que sean tenidas en cuenta y no de forma ilegal», ha zanjado.

Justo hace dos días Más Madrid interpuesto un recurso de alzada contra la Consejería de Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid después de que la Secretaría General Técnica estimara no sancionar al obispo de Alcalá de Henares.

Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en el sector financiero. Es CEO de Itopía, consultora de marketing y comunicación digital y colaboradora en medios...

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