El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha trasladado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la necesidad de habilitar en la ciudad complutense un hospital de media y larga distancia, así como la de solventar la «ausencia de médicos» en varios puntos de Atención Primaria del municipio.
Durante una reunión que han mantenido ambos mandatarios -al celebrarse este miércoles el Consejo de Gobierno regional en la ciudad complutense- también han hablado sobre educación y la necesidad, a ojos del regidor, de que se empiecen a perfilar centros para los nuevos barrios como Espartales Norte que en un futuro «tendrán mucha población» y evitar situaciones como la del instituto en La Garena.
En el campo del urbanismo y las infraestructuras, Rodríguez Palacios y Ayuso han tratado cuestiones como la recepción municipal de la M-119 -carretera de Camarca-, con la que hay «avances», y también la importancia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que determinará el crecimiento y las dotaciones del municipio de los próximos años.
Residencia ‘Francisco de Vitoria’
Rodríguez Palacios, ha trasladado también a Ayuso la problemática en la residencia Francisco de Vitoria y le ha pedido una «solución técnica».
Así lo ha explicado a los medios de comunicación tras mantener una reunión con la dirigente madrileña en el Ayuntamiento de la localidad. «La reunión de trabajo con Ayuso ha sido correcta y se han tratado temas de la ciudad (…) Lamento que sea a tres meses de las elecciones cuando la pedimos hace años, pero ha sido positiva», ha remarcado el regidor.
La Francisco de Vitoria ha sido el primer tema a tratar, ante la actualidad de la misma con el Pleno extraordinario celebrado ayer en el que la mayoría de los concejales votaron a favor de «romper el contrato» de alimentación de los mayores.
«Simplemente 4,6 euros no dan para cinco comidas. Le he pedido que busque una solución para una situación tan complicada», ha añadido Rodríguez Palacios, quien ha indicado que ante ello Ayuso le ha respondido «el mismo argumento» que la Consejería de Políticas Sociales, que no se dan las circunstancias para romper el contrato.
Ha vuelto a explicar que el problema de este recurso se cimenta en tres ámbitos, el contrato de alimentación, las cañerías antiguas que obligan a clorar el agua y la falta de personal que atienda a los nuevos residentes con discapacidad.
Más tarde, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha asegurado que están trabajando 476 personas para 480 residentes y que esta ratio -0,97- es «el doble de la marcada por la ley».
Ha defendido, además, que cuando se identifica un problema «se soluciona» y ha indicado como ejemplo que en septiembre hubo una incidencia con un proveedor alimenticio y «se puso una sanción».
«No obstante, cualquier queja, sugerencia o aportación, estamos obligado a atenderlo y por supuesto mejorarlo», ha concluido la presidenta.
