El Ministerio del Interior ha tomado medidas extraordinarias de protección policial para la agente de la Policía Nacional que presentó una querella por presunta agresión sexual y violación contra el ex Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González Jiménez.
No obstante, según apunta su abogado, la víctima, que siente «miedo y desasosiego» por el acoso en redes al que está sometida, no ha recibido aun ninguna llamada por parte del ministroFernando Grande-Marlaska.
Este jueves, la nueva DAO (Directora Adjunta Operativa) temporal de la Policía Nacional, la comisaria Gemma Barroso, quien además era la jefa directa de la denunciante cuando ésta estaba destinada en Recursos Humanos, se ha puesto en contacto con la agente para ofrecerle protección policial, medida que la víctima ha aceptado. Según el Ministerio, el ofrecimiento se realizó por teléfono y responde a la petición de su abogado de garantizar su seguridad tras el escándalo.
Violación y malversación
La querella, que ha desencadenado una crisis inédita en el Ministerio del Interior, incluye acusaciones graves contra el exDAO. Entre otras, por agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Todo, acompañado de una grabación de audio de unos 40 minutos que, según la defensa de la agente, documenta los hechos denunciados.
Ello motivó la dimisión de González el pasado martes 17 de febrero. Día que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid admitió la querella y citó a las partes a declarar el 17 de marzo.
El abogado de la acusación contra el exDAO ha denunciado que la filtración de la identidad de la víctima le está ocasionando «ansiedad y presión adicional».
Mientras la causa sigue su curso, a la filtración de la identidad de la víctima en grupos internos policiales y redes, se une el que algunos mandos han iniciado movimientos para buscar elementos en su expediente que puedan desacreditarla o cuestionar su credibilidad. Una situación que, según estas fuentes, está generando “ansiedad y presión adicional” en la mujer.
Movimientos para desprestigiar a la víctima
Fuentes internas sostienen que algunos altos cargos policiales habrían presionado para minimizar el impacto mediático del caso. Además de buscar información en el historial profesional de la denunciante con el objetivo de cuestionar su reputación profesional o personal.
La polémica ha llegado al ámbito político donde el Partido Popular ha acusado al ministro de encubrimiento o, al menos, de desconocer el desarrollo de los hechos hasta que trascendieron públicamente. Mientras, desde el Gobierno se defiende que la actuación ha sido la adecuada desde el momento en que la querella fue admitida por la justicia.