En un comunicado hecho público hoy, las juezas y jueces de 135 juzgados de Violencia sobre la Mujer de toda España han denunciado la falta de recursos a los que se tendrán que enfrentar para atender los casos contra la violencia sexual de mujeres y niñas en los que no media relación alguna entre agresor y víctimas.
Dicha orden forma parte de un conjunto de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada en enero pasado.
Esto quiere decir que, además de los delitos tipificados como violencia de género, los juzgados especializados en esta materia también se encargarán de instruir los casos de agresión sexual contra la mujer, tales como los de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando el agresor no es pareja ni ex pareja.
Falta de protección para las víctimas
Preguntada al respecto por ‘Noticias para Municipios’, Cira García, Magistrada en el Juzgado número 1 de Violencia contra la Mujer de Getafe y una de las firmantes del comunicado, habla de que esta sobrecarga de trabajo adicional supondrá un impacto en la protección de las mujeres y, sobre todo, en los avances judiciales conseguidos.
«Estamos hablando de casos muy largos», explica Magistrada, «y de que no se trata solo de un aumento cuantitativo de la carga de trabajo, sino también cualitativo». «Estamos hablando», insiste, «de delitos que requieren de instrucciones complejas, de tiempo suficiente para escuchar a las víctimas, recabar informes médicos, hablar con trabajadores sociales, realizar valoraciones psicológicas y adoptar medidas de protección».
Por ello, no está de acuerdo con el dato ofrecido por el Ministerio de Justicia, que cuantifica en un 20% el incremento de la carga de trabajo con el aumento de competencias. «No sabemos de dónde se lo han sacado», apostilla la jueza.
García también ha expuesto la situación actual de estos juzgados en los que «la carga de trabajo es muy elevada». «La violencia sobre la mujer ha ido aumentando progresivamente y con ella, los casos en los juzgados. Sin embargo, los recursos son prácticamente los mismo, desde la aprobación de la Ley en 2004».
Reforma ‘chapuza’
En este sentido, ha calificado de «chapuza» la reforma ya que, a su entender, «no se pueden hacer reformas legislativas con presupuesto cero, porque al final quien va a asumir el coste de todo esto, desgraciadamente van a ser las víctimas mujeres». «Sobre todo, ha añadido, si tenemos en cuenta el incremento de los casos contra la libertad sexual que refieren los datos».
La falta de recursos afectará directamente sobre la protección de las víctimas, según denuncian juezas y jueces.
Por último, García se ha preguntado cómo podrán reaccionar el resto de profesionales en contacto con la mujer víctima para formarse tan rápidamente, tendiendo en cuenta la entrada en vigor de la norma en octubre, tres meses antes de lo previsto. «Es que no se trata solo de jueces y juezas, sino de todos los que componen la unidad de valoración integral que tienen que estar especializados en violencia sexual, ya sean psicólogo, trabajadores sociales, etcétera, etcétera».
En el comunicado, las juezas y jueces firmantes quieren hacer ver a la ciudadanía que, en la precariedad de medios también afecta al resto de causas judiciales, ya que si en la misma mañana se recibe una causa de agresión sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, todo lo demás pasaría a segundo plano, incluida una vista por divorcio fijadas meses atrás.