Seis casos en total de lo cuales, cinco son mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y dos son menores de edad víctimas mortales de la violencia en el ámbito familiar. Ese es el punto de partida del último comité de crisis reunido el 17 de marzo de 2026 por el Ministerio de Igualdad. Un análisis que más allá de la cifra, profundiza en los factores que rodearon cada uno de los crímenes para identificar patrones, vulnerabilidades y fallos del sistema.
A partir de estos casos —todos registrados en febrero de 2026— el comité ha elaborado un diagnóstico detallado que dibuja un mapa complejo de la violencia de género, en el que confluyen múltiples factores personales, sociales e institucionales que dificultan tanto la detección como la protección de las víctimas.
Vulnerabilidades que se acumulan
Uno de los elementos más destacados del análisis es la concurrencia de situaciones de especial vulnerabilidad, tanto en las víctimas como en los agresores. Entre ellas, aparecen de forma reiterada las adicciones, la precariedad económica o el desempleo, así como antecedentes de intentos autolíticos por parte de las mujeres.
El informe también pone el foco en los casos de mujeres plurivictimizadas y con múltiples agresores, situaciones de alta complejidad en las que existían denuncias previas y una acumulación de factores de riesgo. A ello se suma la presencia de agresores reincidentes, lo que refuerza la necesidad de medidas de seguimiento más eficaces.
La falta de reconocimiento de la violencia por parte de la víctima y su entorno es una de las claves detectadas por el comité de crisis.
La ruralidad emerge igualmente como un posible factor de riesgo en contextos donde el aislamiento puede dificultar el acceso a recursos y redes de apoyo. En esa misma línea, se identifican otras circunstancias que agravan la vulnerabilidad como pertenecer a distintas etnias, ser mujer migrante sin red de apoyo, tener personas menores a cargo o presentar alguna discapacidad.
La violencia que no se reconoce
Más allá de los factores estructurales, el comité subraya un elemento especialmente preocupante: la falta de reconocimiento de la violencia. En varios de los casos analizados, ni las propias víctimas ni su entorno identificaron la situación como violencia de género, lo que impidió activar mecanismos de protección.
Este desconocimiento se extiende de manera particular a la violencia psicológica, que sigue sin ser percibida como tal en muchos contextos. A ello se suma la falta de conciencia del riesgo por parte de las víctimas, una circunstancia que dificulta la adopción de medidas preventivas y de autoprotección.
Fallos en la detección y coordinación
El análisis también apunta a carencias en los sistemas de detección, especialmente en ámbitos clave como el sanitario o el asistencial. En este sentido, el comité plantea la necesidad de reforzar la capacidad de identificación de casos tanto en atención primaria como en el entorno hospitalario, incluyendo la posibilidad de establecer alertas específicas ante intentos autolíticos de mujeres, especialmente en situaciones de especial vulnerabilidad como embarazo o pertenencia a determinadas etnias.
La falta de coordinación entre los distintos sistemas —judicial, policial, sanitario y social— aparece como otro de los puntos críticos. Por ello, se propone mejorar el intercambio de información entre estos ámbitos y establecer protocolos que permitan una actuación más integrada y eficaz.
Medidas concretas para evitar nuevos casos
A partir del diagnóstico, el comité ha planteado una batería de propuestas orientadas a reforzar la protección de las víctimas y mejorar la respuesta institucional.
Entre ellas, destaca la recomendación de impulsar la instalación de dispositivos de control telemático en casos de especial relevancia o alta complejidad, especialmente cuando existan indicios de riesgo, múltiples vulnerabilidades o antecedentes de reincidencia del agresor, y siempre que así lo recomienden la Policía judicial o la Fiscalía.
También se plantea estudiar la posibilidad de evitar la imposición de penas de trabajos en beneficio de la comunidad a agresores, especialmente en casos de reincidencia, así como garantizar la protección de la víctima incluso en situaciones de sentencias de conformidad.
El comité de crisis insiste en que los procedimientos judiciales deben continuar incluso cuando la víctima no denuncie o decida no colaborar.
Protección, aunque la víctima no quiera
Otra de las líneas de actuación incide en la necesidad de mantener las medidas de protección aunque la víctima manifieste que no desea recibirlas, incluyendo la opción de instalar dispositivos únicamente en el agresor para controlar las prohibiciones de aproximación en zonas concretas.
En esta misma línea, se insiste en que los procedimientos judiciales deben continuar incluso cuando la víctima no denuncie o decida no colaborar, agotando todas las vías de investigación e indagando en las razones que llevan a muchas mujeres a retirarse de los procesos o rechazar la ayuda del sistema asistencial.
El comité también considera fundamental que las valoraciones forenses del riesgo sean obligatorias, especialmente en casos con menores implicados o cuando las víctimas se muestran reticentes. Sobre todo porque esta actitud, en muchos casos, responde al miedo por las consecuencias para ellas y sus hijos e hijas.
Infancia, formación y nuevos ámbitos de detección
Desde luego, la protección de los menores ocupa un lugar central en las recomendaciones. Se propone reforzar la comunicación entre los servicios de atención a la infancia y las fuerzas de seguridad y la Fiscalía, de modo que cualquier indicio de violencia en el hogar active mecanismos de protección en ambos sentidos.
Asimismo, se subraya la necesidad de contar con más personal especializado y multidisciplinar en las unidades de valoración forense integral, así como de reforzar la formación de todos los actores implicados en el sistema de protección a las víctimas.
El comité abre también la puerta a explorar nuevos espacios de detección, como la posible implantación de sistemas de alerta en notarías que permitan identificar automáticamente situaciones de violencia de género.
En paralelo, se plantea intensificar las campañas de sensibilización social, incidiendo en que no existen perfiles únicos ni de agresores ni de víctimas, y poniendo el acento en la prevención, especialmente en entornos rurales donde el aislamiento puede agravar el riesgo.