La asociación Élite Taxi de Madrid ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que intervenga en lo que consideran que fue un «ataque» al sector por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su participación en un acto de Uber y para que medie en «paralizar» la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes –conocida como Ley Ómnibus– que consideran nociva para su actividad.
Según el documento que han registrado este viernes, plantean que la líder regional podría haber cometido una vulneración del «derecho al honor» del sector al plantear, según los taxistas, que no dan «buen servicio», no son ecológicos y que no saben competir.
También consideran que durante su participación en el acto de la citada plataforma de vehículos de transporte con conductor (VTC) la presidenta podría haber vulnerado «principios éticos» recogidos en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Consideran que no habría actuado con «imparcialidad» ni estaría buscando «el interés común al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales» y que estipula también que no contraerá «obligaciones económicas ni intervendrá en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses».
Ley Ómnibus
Por otra parte, en cuanto a la Ley Ómnibus, apuntan que podría estar vulnerando el derecho al trabajo recogido en la Constitución Española y a una remuneración justa porque se «salta de manera flagrante» el conocido como Decreto Ábalos, que recoge la necesidad de mantener la proporción 1:30 entre VTC y taxi.
«A través de esta modificación se repartirán miles de autorizaciones a los vehículos de arrendamiento con conductor para prestar servicios urbanos«, ha alertado la organización a Gabilondo.
También entienden que se vulneró el derecho a de Información Previa en la tramitación de esta Ley al haberse tramitado con carácter de urgencia «sin estar plenamente justificado».
Por último, ha pedido que le exija al Ayuntamiento de Madrid un mayor control de inspección de la actividad que están realizando las empresas de VTC