El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha considerado «en error» el informe publicado por Cáritas, en el que se recoge que más de un millón y medio de habitantes de la Comunidad se encuentran en riesgo de exclusión social.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha hecho hincapié en que la población sale a la calle y ve que Madrid es una «región rica», que cuenta con un PIB del 6,5% frente al 5,9% del conjunto de España. «Le dicen que en Madrid hay tres millones de pobres pues… ¿por dónde estarán?», ha lanzado a continuación.
Ossorio ha considerado que estos informes hay que leerlos «con muchísima atención» porque el Gobierno regional está «para resolver problemas y especialmente para resolver los problemas de la gente que más lo necesita» y por ello ha defendido que ponen «el máximo interés» en este tipo de documentos.
«Lo que sucede es que a veces los lees y luego sales por la calle y dices: ¡Oye pues esto que dice el informe así como que yo no lo veo!«, ha manifestado. A su parecer, «es un error este tipo de informes» porque considera que tienen que ser «más objetivos».
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que también comparecía en la rueda de prensa ha mostrado sus «respetos» por el informe pero ha citado el informe «oficial» del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ha situado a Madrid en «riesgo bajo» de pobreza.
El 22% de la población madrileña se encuentra en situación de exclusión social
Más de un millón y medio de habitantes de la Comunidad de Madrid se encuentran en riesgo de exclusión social, el 22% de la población, lo que supone cinco puntos más que antes de la pandemia del Covid-19, con un aumento del 25% de las situaciones de exclusión severa, que alcanza ya a 800.000 personas.
Un ‘shock’ sin precedentes derivado de la tensión de la actividad económica y el empleo por la irrupción del SARs-CoV-2 que ha llevado a 370.000 madrileños desde 2018 a sumarse a la lista de personas en riesgo de exclusión social, pasando de representar el 17% de la población ese año a suponer el 22% en 2022.
Cáritas ha presentado este miércoles el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid’, de la Fundación Foessa, un acto en el que han intervenido el director diocesano de Cáritas Madrid, Luis Hernández, y Raúl Flores, coordinador del informe, así como Enrique Carrero, director diocesano de Cáritas Getafe, y su homólogo en Alcalá, Ricardo Ballesteros.
Unos efectos de la pandemia que han dejado a 800.000 madrileños en riesgo de exclusión severa, con un incremento del 25% respecto a 2018, y un crecimiento de la inequidad entre las rentas altas y las bajas.
En concreto, los más pobres han visto reducidos sus ingresos un 22% mientras que han crecido un 18% entre los más ricos. Así, el desplome de rentas del quintil con menores ingresos explica el aumento de la pobreza severa.
Brecha de género y menores de edad
Las probabilidades de sufrir exclusión social, con 275.000 horas en lo que se denomina «sociedad expulsada», se incrementan por razones de género, nacionalidad y etapa de crianza.
De forma detallada, la incidencia de la exclusión en los hogares sustentados por mujeres es del 23%, frente al 21% en el caso de los hombres. Además, los hogares monoparentales a cargo de mujeres presentan niveles del 33% en este indicador, siendo especialmente intensa en mujeres menores de 45 años.
En cuanto al factor de la nacionalidad, los hogares en los que la sustentadora principal es extranjera, la prevalencia de la exclusión es del 51%, frente al 17% en el caso de ser española.
Además, la tasa de exclusión se triplica en aquellos hogares con dos o más miembros menores de edad, alcanzando a cuatro de cada diez familias numerosas.
Por el contrario, los hogares con menores probabilidades de exclusión social son aquellos sin menores, en los que la sustentadora principal tiene estudios superiores, y los encabezados por mayores de 65 años.
Empleo, vivienda y salud
En el informe se apunta como factores de exclusión social en la Comunidad el impacto de la pandemia en el mercado laboral, unido al incremento de los gastos relacionados con la vivienda, las dificultades de acceso a medicamentos o tratamientos médicos y el incremento de la brecha digital.
En concreto, aunque el impacto sobre el mercado de trabajo ha sido menor que el registrado en el conjunto del país y los últimos meses ofrecen datos positivos de recuperación de empleo, el informe constata que se ha producido un empeoramiento de las condiciones con mayor precariedad, parcialidad y temporalidad que genera más trabajadores pobres.
A una inestabilidad laboral grave que se ha duplicado y alcanza ya a 169.000 familias, se une así la evolución especialmente negativa del paro de larga duración, que ha pasado de afectar al 30% de desempleados en 2018 al 39% de 2021, y un incremento del 50% de hogares con todos los miembros en paro, con 150.000 hogares afectados.
Todo ello con un desempleo que afecta especialmente a jóvenes y extranjeros, con tasas de paro del 33% entre los menores de 25 años y del 19% entre las personas de otras nacionalidades.
Además, los problemas relacionados con la vivienda afectan ya a una cuarta parte de la población de la Comunidad, con un crecimiento del precio al que se une el aumento del coste de los suministros básicos, especialmente la electricidad y el gas.
En concreto, el precio de la vivienda se ha incrementado un 44% desde 2015, muy por encima de la media de España, según el Índice de Precios de la Vivienda que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, según el informe, el 16% de los hogares en la región está por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar los gastos de la vivienda, lo que sitúa a más de 400.000 familias con una reducida capacidad económica para terminar el mes.
Además, se ha triplicado la proporción de personas que residen en una vivienda insegura (con amenaza de desahucio, tenencia en precario, malos tratos), pasando del 3% al 11%.
Respecto al factor de la salud, el problema más relevante que cita el informe es la falta de acceso a medicación o tratamientos a causa de problemas económicos, con el 11% de los hogares afectados, casi 300.000, que han dejado de comprar medicinas, prótesis, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
También destaca la tasa de exclusión entre las personas que padecen una enfermedad mental, con un 14% de familias madrileñas con algún miembro al que se le ha diagnosticado algún trastorno de este tipo, y que supera en 10 puntos la del conjunto de la población.
Fuera del ámbito de los ingresos, otro factor que influye en el aumento de la desigualdad es la denominada ‘brecha digital’, un problema para 240.000 hogares, especialmente en el caso de los conformados solo por mayores de 65 años y personas sin estudios. De estos últimos, 82.000 se encuentran en situación de exclusión social.