La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha avanzado este lunes que, si alcanza el Gobierno regional, pondrá en marcha de 74 nuevas líneas de autobuses interurbanos, ocho intercambiadores comarcales y ampliar la Línea 2 de Metro de Madrid hasta El Cañaveral.

Así lo ha anunciado la candidata en un desayuno de Nueva Economía Fórum en el marco de sus propuestas para mejorar el transporte público que pasa por «doblar el transporte para llegar en la mitad de tiempo».

Para ello, García propone una «revolución» que pasa por poner en funcionamiento estas 74 líneas de autobuses interurbanos, ocho intercambiadores comarcales con una inversión inicial de 290 millones de euros y la contratación de 3.500 trabajadores.

En cuanto a los trabajadores, Mónica García se ha comprometido a «corregir el déficit histórico», lo que supondría pasar de los más de 7.000 empleados a 10.000. «Para que se hagan una idea, la mayor parte de los fallos en Metro de trenes que no salen son por falta de personal. Vamos a corregirlo para mejorar las frecuencias y las líneas», ha prometido.

Sobre las 74 líneas interurbanas, 44 serán de alta velocidad, con el objetivo de que «compense mucho más ir en autobús que en coche en términos de tiempo». Su objetivo, tal y como ha detallado, es que la gente no tenga que pasar por Madrid para ir de municipio a municipio.

Línea 10 de Metro, en la estación de Puerta del Sur
Línea 10 de Metro, en la estación de Puerta del Sur/ Metro

Ampliación del Metro

Por otro lado, se ha comprometido a ampliar las estaciones de Metro, en concreto, para que la L2 llegue a El Cañaveral, así como la L10 a más zonas de Alcorcón y Móstoles, además de un Bicimad regional con 250 estaciones y 2.500 bicicletas que lleguen a los 15 municipios más grandes de la región.

Por otro lado, la candidata de Más Madrid se ha comprometido este lunes a llevar a cabo «la revolución de la vivienda asequible» impulsando 8.000 más en la región con alquileres que oscilarían entre los 300 y los 600 euros.

García ha trasladado que su compromiso es que «nadie invierte más del 30% de sus ingresos en la vivienda» para que este asunto «deje de ser el sumidero por el que se está yendo cualquier mejora social». Estas 8.000 viviendas estarían gestionadas por asociaciones de beneficio limitado.

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