El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de esta semana un borrador de sentencia que propone rechazar el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros.
Según ha informado el propio tribunal, abordará este asunto en el Pleno que arrancará mañana, martes, y lo hará en base a la ponencia elaborada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer.
Fuentes de la corte de garantías señalan que Balaguer sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.
Las mismas fuentes jurídicas avanzan que cabe esperar un apoyo claro de la mayoría progresista del TC -de siete magistrados frente a cuatro- a la ponencia de Balaguer.
Vulnera la autonomía de la región
Madrid defendía en su impugnación que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.
De hecho, el pasado septiembre, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo de liquidación el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, el impuesto ‘a los ricos’.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, lo justificó por considerar que éste «invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera».
Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.
