Los pensionistas vuelven a la calle. Varios movimientos de diferentes comunidades autónomas han convocado una manifestación en Madrid para el próximo sábado, 15 de octubre, para exigir «la revalorización de las pensiones respecto al incremento del IPC acumulado anual» y «una pensión mínima del 60% del salario medio».

Además de plataformas de pensionistas de Madrid, entre los convocantes se encuentran también organizaciones de pensionistas de Galicia, Andalucía, Extremadura o País Vasco, así como la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (Asjubi40) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

La manifestación, que se celebrará a mediodía desde la Plaza de Neptuno hasta Callao, será el primer paso de una movilización general que los convocantes tienen previsto realizar en noviembre en los pueblos y comunidades para seguir defendiendo sus reivindicaciones.

De esta manera, además de exigir la revalorización de las pensiones con el IPC, piden una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y muestran su «rechazo a la privatización del Sistema Público de Pensiones (SPP)».

Una protesta de pensionistas en Getafe.

Contra las bajadas de impuestos

Además, los convocantes denuncian que, mientras algunas comunidades están bajando impuestos, como el de Patrimonio, las pensiones mínimas y no contributivas son «de miseria», por lo que exigen elevarlas.

En este sentido, recuerdan que «las pensiones perdieron en 2021 un 3% de poder adquisitivo» y que salarios y pensiones están perdiendo más de seis puntos de poder de compra en lo transcurrido de 2022.

«La causa fundamental del incremento de los precios no son los salarios ni las pensiones: son quienes, en régimen de monopolio, fijan los precios para mantener e incrementar sus escandalosos beneficios», denuncian.

Por último, avanzan que seguirán en la calle «hasta revertir las contrarreformas que nos están imponiendo, acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, eliminar la penalización a las pensiones anticipadas con largas carreras de cotización, recuperar los derechos perdidos en las sucesivas reformas laborales y de pensiones, generar un reparto equitativo de la riqueza y mejorar y garantizar servicios públicos y comunitarios universales y de calidad», advierten los convocantes.

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