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Los jueces de Madrid han acordado promover la celebración de juicios rápidos por delito leve de usurpación referidos a okupaciones de inmuebles por los trámites previstos en el Artículo 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre que haya sido posible la identificación de los ocupantes, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un comunicado.

Así se ha acordado en una reunión de la Comisión Provincial de Policía Judicial, que preside el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Celso Rodríguez, y de la que forman parte la decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, y la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez.

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Según lo dispuesto, será el juzgado de guardia el órgano judicial que se encargará de forma inmediata de enjuiciar los delitos leves de usurpación, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de respuesta. La medida entra en vigor con efectos desde el próximo 1 de mayo.

El Artículo 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de algún delito leve, formará de manera inmediata el correspondiente atestado, que remitirá sin dilación al Juzgado de guardia».

El mismo precepto aclara que «dicho atestado recogerá las diligencias practicadas, así como el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado«, tras lo que el juez «acordará celebrar de forma inmediata el juicio si, estando identificado el denunciado, fuere posible citar a todas las personas que deban ser convocadas para que comparezcan mientras dure el servicio de guardia».

Juzgados de Plaza Castilla – Fotografía EP

Okupaciones

La Plataforma de Afectados por la Ocupación alertaba en febrero del crecimiento de casos en la zona sur de la Comunidad de Madrid, con especial incidencia en municipios como Móstoles, Parla o Pinto y de aquellas ‘okupaciones’ realizadas por los inquilinos que dejan de pagar el alquiler, según explica su portavoz, Ricardo Bravo.

Bravo señalaba que existen tres tipos de okupación: la directa conocida como ‘patada en la puerta’, que está disminuyendo; la okupación directa de una propiedad a través de un contrato de alquiler que dejan de pagar voluntariamente y un tercero, que se conoce como okupación indirecta, en la que se accede a una casa vacía o en propiedad de un banco.

En los últimos tiempos ha «aflorado muchísima gente que se quiere aprovechar» y entra a las viviendas pagando un mes o dos mensualidades y, a partir de ahí, dejan de pagar. Ello conlleva que el proceso judicial se pueda extender hasta «dos años», con el consiguiente deterioro de la economía del afectado así como de su estado mental, ha explicado Bravo.

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación aseguran que los episodios de okupación en toda España ha subido un 18,5% en los tres primeros trimestres de 2021 sin contar con esta ‘inquiokupación’.

El portavoz ha afirmado que desde la plataforma están a favor de todas las medidas que se puedan llevar a cabo para facilitar el acceso a la vivienda para las personas más vulnerables, pero ha defendido que son los Servicios Sociales los que tienen que hacerse cargo de esas familias.

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