La Asamblea de Madrid decidirá mañana sobre el futuro de Radio Televisión Madrid (RTVM) con el debate de la reforma de la actual ley del ente público que han presentado desde el Grupo Parlamentario Popular, y que saldrá adelante previsiblemente gracias a la abstención de Vox.
Esta es la primera iniciativa que llevan los ‘populares’ a la Cámara regional tras la convocatoria de elecciones en la que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, duplicó sus escaños y se quedó al borde de la mayoría absoluta.
Con la modificación de la normativa, que se pretende aprobar por lectura única lo que acelera los trámites y suprime el período de enmiendas de los partidos, se establece que el mandato del director general será de cuatro años, no renovables, contados desde su nombramiento.
La nueva ley recoge que tres meses antes de que finalice el mandato del director general, el consejo de administración iniciará el procedimiento previsto en el Reglamento de la Asamblea para la elección de su sustituto, quien tomará posesión al día siguiente de la finalización del mandato del cesante.
Además, recoge que si llegada la fecha de finalización del mandato del director general la Asamblea no hubiese podido completar efectivamente el procedimiento, el Gobierno nombrará un Administrador Provisional, con las mismas funciones y competencias que el director general, y que será sometido a ratificación por parte de la Asamblea. El actual director, José Pablo López, lleva en el cargo desde 2017 así que quedaría automáticamente cesado con la aprobación de esta ley.
Asimismo, establece que los miembros del consejo de administración serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los grupos parlamentarios. Las organizaciones profesionales y sociales dejarán de tener representación en el mismo.
Oposición de la izquierda
La presidenta regional ha tenido una difícil relación con Telemadrid durante la pasada legislatura por cuestiones como la renovación del contrato-programa, la financiación o el tratamiento informativo de las noticias relativas a su Gobierno.
Los partidos de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han criticado con dureza esta reforma e incluso han amenazado con presentar un recurso de inconstitucionalidad. Quieren que se paralice esta «aberración legislativa» que, a su parecer, va contra la independencia del ente público y quiere convertir la cadena en ‘teleayuso’. También periodistas y sindicatos se han sumado a las críticas.
Por su parte, Vox ha anunciado que se abstendrá, lo que daría vía libre a la aprobación de la iniciativa, aunque ha avisado que estarán vigilantes para que se cumplan los criterios de «pluralidad, neutralidad y austeridad». Su objetivo, según han defendido públicamente, es el cierre del ente público pero de continuar en funcionamiento quieren que le cueste lo menos posible a los madrileños.