El Grupo Parlamentario de Más Madrid ha solicitado las comparecencia urgente de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, y del director general de Glovo para España y Portugal, Diego Nouet, en la Asamblea de Madrid para tratar de frenar el acuerdo de colaboración entre el Gobierno regional y la compañía para las entregas a domicilio a personas vulnerables.

El registro de estas comparecencias se produce después de que este jueves, en el Pleno de la Cámara regional, la consejera confirmara que el Ejecutivo regional está ultimando un acuerdo con Glovo para facilitar la entrega de comida a domicilio a personas vulnerables que, por razones de salud o movilidad reducida, no puedan recoger esos alimentos.

Al ser preguntada por el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, Dancausa aseguró que se trata de un convenio de colaboración que «no tiene ningún tipo de contraprestación económica», puesto que no es un contrato.

Aún así, Más Madrid ha solicitado la comparecencia de la titular de Políticas Sociales y del director general de Glovo para España y Portugal en la comisión del ramo. «No compartimos este modelo ‘low cost’ y apostamos por empresas y entidades madrileñas que respeten la legalidad vigente y los derechos laborales. Hay algunas cuestiones que no ha aclarado la consejera», ha sostenido Delgado.

El parlamentario ha hecho hincapié en que «Glovo España acumula sanciones en firme, lo cual excluye, según la ley general de subvenciones, la posibilidad de poder presentarse o recibir contratos o subvenciones con la Comunidad de Madrid».

Emilio Delgado, candidato a la Alcaldía de Móstoles por Más Madrid/ Yolanda Bermúdez

Sanciones a Glovo

La plataforma de reparto Glovo ha sido multada de nuevo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un importe de 56,7 millones de euros y ya acumula sanciones en España por valor de 205,3 millones de euros.

La última sanción impuesta, por importe de 56,7 millones, ha sido a Glovo Madrid por emplear a 7.022 ‘falsos autónomos’ y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, sin el correspondiente permiso de trabajo.

«Si no hay intercambio económico alguno, entonces deben aclarar quién va a colaborar con la Comunidad, pues al no ser una empresa prestadora de servicios de carácter finalista, estaría actuando como intermediadora entre la Comunidad de Madrid y trabajadores autónomos a los que no se sabe si les habrán preguntado para prestar este ‘voluntariado'», ha expuesto Más Madrid.

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