El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, se ha dirigido por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para solicitar una reunión urgente y pedirle la suspensión del proceso de concesión de la Ciudad de la Justicia, pues no se puede “hipotecar” a la región en el último tramo de la legislatura “con el mismo modelo que ha fracasado durante los últimos 15-17 años”.
En su misiva, Lobato ha vuelto a pedir una reunión urgente a Díaz Ayuso por este proyecto para analizar “la compleja situación” ante el rechazo en forma de recurso de sectores afectados y ante el “fracaso ya demostrado” del modelo escogido por el PP de Madrid.
“Quieren adjudicarlo en pleno mes de agosto y a 8 meses de unas elecciones y sin un mínimo consenso y con los sectores en contra, que están recurriendo contra este pliego de condiciones, no se puede hipotecar a toda una región adjudicando un contrato para 40 años con miles de millones en juego y con el mismo fracasado ‘modus operandi‘ de Aguirre y de Ignacio González, que ha significado al menos 355 millones de euros de impuestos de los madrileños despilfarrados“, ha afeado Lobato.
En este línea, Lobato ha subrayado que “después de 17 años del inicio por Esperanza Aguirre e Ignacio González de este modelo de concesión a una empresa privada de la gestión de la Ciudad de la Justicia de Madrid solo ha salido dinero de los madrileños y no se ha obtenido nada. Es un disparate que ahora se vuelva a insistir en el mismo modelo ya fracasado”.
Considera Lobato que vista la falta de consenso y la proximidad de las elecciones lo adecuado sería suspender este proceso de licitación y una reunión para intentar concitar un “mínimo de consenso” y si no, dejarlo para después de las elecciones y, quien presida y gobierne la Comunidad de Madrid y a través del Parlamento regional tome la decisión sobre qué hacer con la Ciudad de la Justicia.
Por todo ello, el PSOE-M pide la paralización del proceso. “Estamos ante el típico pelotazo previo a elecciones. Quieren dejar este negocio hecho antes de un posible cambio de gobierno en Madrid. No se puede jugar así con miles de millones de euros de los madrileños.”
El PSOE-M siempre ha planteado que la Comunidad de Madrid debería tener capacidad para gestionar con eficacia la construcción de la instalación y la posterior contratación de los servicios que se precisen (limpieza, vending, etc) y considera que el modelo planteado por el PP supone “la cesión completa a un fondo privado para su explotación integral”.
Abierto el plazo para presentar ofertas
La Ciudad de la Justicia que levantará la Comunidad de Madrid en el barrio de Valdebebas para concentrar las 28 sedes judiciales del partido judicial de la capital ocupará el doble de espacio de Ifema, contará con 18 edificios funcionales, dispondrá de dos parkings con 4.000 plazas, uno público y otro privado, y de un intercambiador de transportes con Cercanías y Metro.
El plan urbanístico proyectado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso echó a andar en marzo de 2020 tras una sentencia del Tribunal Supremo que dejaba las manos libres al Ejecutivo regional para acometer su propio diseño y superar los errores de los malogrados proyectos fallidos de los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.
El Ejecutivo autonómico prevé adjudicar el proyecto a principios de 2023 y será entonces cuando arranque la construcción con la colocación de la primera piedra. Los trabajos se prolongarán durante unos tres años, según las estimaciones de la Consejería que dirige Enrique López.
La Comunidad de Madrid abrió el pasado 5 de agosto el plazo para la concesión del contrato para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid, que finalizará el próximo 20 de octubre, un contrato estimado en 2.847.986.667,47 euros.
La Comunidad de Madrid ha optado por un modelo concesional, previsto en la Ley de Contratos Públicos del Sector Público. El proyecto supone una inversión de capital privado de cerca de 507 millones de euros solo en construcción, ya que no incluye gastos relativos a la explotación y al mantenimiento. Con este modelo, se asegura estabilidad financiera en época de contención del gasto.
En concreto, la fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años. El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros –más IVA–, cantidad que no será sometida a revisión (y sólo en un 20% de la misma) hasta el octavo año del contrato. Esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad un ahorro de más de 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo. El complejo contará con dotaciones como aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, todo ello encaminado a la conciliación laboral y familiar y para mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
