El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio a fin de recabar información sobre cómo se está garantizando el derecho a la educación, consagrado en el artículo 27 de la Constitución, a los alumnos que viven en la Cañada Real Galiana.
El Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para preguntarle qué medidas está adoptando para garantizar el derecho a la educación de esos estudiantes.
La institución solicita conocer con esta actuación en qué situación se encuentran alumnos que viven en la Cañada Real y que estudian en el IES Las Lagunas, instituto de enseñanza secundaria de Rivas-Vaciamadrid, así como en otros centros educativos de la zona.
Profesores de alumnos de Las Lagunas -98- han hecho llegar un escrito al Defensor del Pueblo en el que señalan los problemas académicos a los que se enfrentan esos estudiantes por la falta de suministro eléctrico en sus hogares.
Los docentes apuntan que en el IES Las Lagunas se trabaja con dispositivos electrónicos conectados a Internet y con libros digitales a los que se accede mediante una plataforma online. Además, gran parte de la entrega de tareas se hace a través de un aula virtual.
«Estos alumnos se encuentran en desventaja con respecto a sus compañeros. No pueden, entre otras cosas, cargar sus dispositivos ni estudiar sin luz natural. Llevan demasiados meses en esa situación crítica e insostenible», ha resaltado Ángel Gabilondo.
Según han transmitido los profesores del IES Las Lagunas, «los alumnos afectados se sienten agobiados con esta situación que les dificulta la concentración y les conduce al fracaso escolar».
Restablecer la luz
El Defensor del Pueblo ya hizo un llamamiento hace unas semanas a las administraciones para tomar «medidas urgentes» para restablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real «de inmediato».
La institución señala en un comunicado, que aunque están en marcha «medidas de mayor calado» como la regularización de sectores y realojos, «estos son procesos complejos que necesitan varios años para resolverse» y «la situación actual –de falta de suministro eléctrico– no se puede mantener por más tiempo».
Según señala, cerca de 3.000 personas, de ellas 1.211 son niños, se ven afectadas por la falta de luz que «les impide tener una vida digna y que pone, en algunos casos, en riesgo la salud de muchos de los que allí residen».
Ante esta situación, recuerda a todas las administraciones implicadas, en el día de inicio del invierno, que la energía eléctrica es «esencial» para la protección de la salud de las personas, derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución.
Asimismo, señala que también es necesaria para garantizar el derecho a la educación, que consagra el artículo 27 de la Carta Magna y advierte de que «la falta de energía eléctrica está incrementando el absentismo escolar».