El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles licitar el Acuerdo Marco que fija las condiciones que deberán cumplir los contratos de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual en residencias con centro ocupacional.
Este convenio permitirá aumentar cerca de un 20% las plazas financiadas en estos recursos para sumar un máximo de 1.260, 190 más que hasta ahora. La inversión estimada asciende a 119.490.222 euros durante sus cuatro años de vigencia, según ha informado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos.
Los usuarios de estos cuidados especializados son adultos con discapacidad intelectual severa, moderada o ligera que, debido a sus circunstancias y tras haber terminado su periodo educativo, requieren de apoyos significativos para su plena inclusión.
Además del alojamiento, la manutención y los cuidados y apoyos personales para el desarrollo de sus actividades diarias que les ofrece el recurso residencial, en el centro laboral se desarrollan actividades y talleres que promueven la adquisición de habilidades y competencias orientadas a facilitar su acceso al mercado laboral.
El Acuerdo Marco establece las obligaciones, condiciones técnicas y actividades específicas que deberán asumir y desarrollar las entidades o empresas que gestionen este servicio público, gratuito para sus usuarios.
En las adjudicaciones derivadas de este acuerdo primarán los criterios de calidad sobre la oferta económica, lo que permitirá mejorar las ratios de atención y priorizar las propuestas que incluyan actuaciones, como la puesta en marcha de un programa de actividades de carácter sociocultural, ocio y tiempo libre o actuaciones de alfabetización digital y uso seguro de nuevas tecnologías.
Integración de menores
Por otro lado, la Comunidad de Madrid destinará 17,3 millones de euros a la gestión integral de dos centros de ejecución de medidas judiciales dependientes de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).
El Consejo de Gobierno ha dado este miércoles luz verde a la licitación del contrato correspondiente, que tendrá una duración de dos años, a partir de 2023, con posibilidad de una prórroga de hasta 24 meses, según ha informado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos.
El primero de los lotes corresponde a El Laurel, un complejo que puede albergar hasta 43 jóvenes o menores de ambos sexos y que está especializado en casos de violencia familiar ascendente o de pareja. También en programas específicos sobre paternidad responsable para varones que sean padres adolescentes.
El segundo hace referencia a El Lavadero, recurso de la ARRMI que reserva, al menos, 15 de sus 50 plazas (hombres y mujeres) a intervenciones terapéuticas para la deshabituación de drogodependencias. También puede destinar algunas de ellas para el tratamiento de menores y jóvenes con medida judicial de internamiento por delito de maltrato familiar ascendente.
Ambos recintos están preparados para llevar a cabo órdenes de internamiento (firmes o cautelares) en régimen cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico y de fin de semana.
Esta inversión de la Comunidad de Madrid viene a sumarse a los 5,5 millones aprobados recientemente por el Ejecutivo autonómico para la prórroga del servicio de vigilancia y seguridad de la sede de la ARRMI y de media docena de sus centros y a 1,1 millón más, destinado a la gestión integral de un programa de reparaciones extrajudiciales y desarrollos educativos vinculado a la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad.
Con un presupuesto para 2022 de 40 millones de euros, la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor presta este servicio público en la actualidad a más de 1.550 menores y jóvenes. Cinco de cada seis, el 84%, lo hacen a través de programas individuales sin privación de libertad.