El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha denunciado públicamente que la nueva tasa de basuras «no se está haciendo bien» en la mayoría de ayuntamientos madrileños. A su juicio, se aplica sin los indicadores ni los sistemas de medición necesarios para distinguir entre distintos volúmenes de residuos o buenas prácticas de reciclaje.
«Para hacerlo bien hay que tener indicadores que permitan medir buenas prácticas y aplicar bonificaciones. Hoy eso no existe», ha señalado en una entrevista con Ep. Nacarino ha recordado que España arrastra «un retraso histórico de tres décadas» respecto a otros países europeos en materia de gestión de residuos, lo que ha llevado a que la implantación de la tasa se esté afrontando «sin herramientas» suficientes.
Sobre esta tasa ha recordado que la FRAVM está a favor de una «finalista», que responda al principio de que «pague más quien más residuo genera», pero sostiene que aplicar este criterio es imposible si no se dispone de sistemas que midan la separación o el reciclaje.
El caso de San Fernando de Henares
Aunque es consciente de que prácticamente ningún Ayuntamiento está aplicando correctamente el nuevo tributo, cita el caso de San Fernando de Henares como una de las pocas localidades que ha introducido alguna medida ‘adecuada’ al vincular bonificaciones por el uso del Punto Limpio, que registra las visitas y permite aplicar descuentos. También ha explicado que hay municipios que utilizan tarjetas para controlar la separación de residuos.
El padrón
Nacarino ha sido especialmente crítico con el Ayuntamiento de Madrid por no haber desarrollado en estos años una herramienta informática que permita cruzar los datos del padrón y ajustar la tasa al número de personas que residen en cada vivienda, algo que sólo se ha previsto a partir del próximo ejercicio fiscal.
«No debería pagar lo mismo una persona que vive sola que una familia de cinco. Ese cruce no se ha hecho», ha afirmado, al tiempo que recuerda que esta corrección sólo se incorporará a partir de 2026 «pese a que la ley estatal daba margen suficiente para haberla preparado desde hace tres años».
También ha reprochado al Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida que no haya compensado la introducción de la tasa con una rebaja equivalente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y que la reducción aplicada sea «muy desigual». «En San Cristóbal supone unos 8 euros y en Goya casi 300. ¿A quién estamos beneficiando?», se pregunta.
