El Gobierno central de Pedro Sánchez ha abierto dos nuevos frentes judiciales contra el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso. Sanidad y Educación han tomado medidas judiciales contra la Comunidad de Madrid por no presentar el registro de médicos objetores y, en el plano educativo, por el que se autoriza la adscripción del centro universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense.
En el primer caso, Sanidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no presentar el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, según la ministra de Sanidad, Mónica García.
«Hay un incumplimiento de la ley fragrante. Madrid es la única comunidad que no ha hecho un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas», ha denunciado Mónica García.
Según ha explicado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo un mes de plazo para presentar el registro, al tiempo que ha resaltado que dicho documento también sirve para garantizar los derechos de los objetores.
Defender los derechos de las mujeres
«Nosotros, obviamente, vamos a defender los derechos de las mujeres y a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, y una de ellas es este contencioso», ha señalado García, quien ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recortado los derechos de las mujeres.
En este contexto, la ministra de Sanidad ha criticado que la Comunidad de Madrid vive al margen de la ley, en una «especie de trumpismo cañí». «Al final lo tenemos que pagar las mujeres con derechos o los ciudadanos y ciudadanas con derechos que nos han sido relegados después de muchos años de conquista», ha finalizado García.
El recurso presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala en sus alegaciones que la Comunidad de Madrid es la única Comunidad Autónoma que, además de no haber contestado al requerimiento de 14 de octubre de 2025, «ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones efectuadas en medios de comunicación, de conocimiento público y notorio».
Contencioso en el plano educativo
El segundo frente judicial abierto es el educativo. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha interpuesto, a través de la Abogacía del Estado, un recurso contencioso-administrativo contra la orden firmada por la Comunidad de Madrid por la que se autoriza la adscripción del centro universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense.
El recurso fue presentado el pasado 12 de enero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Fuentes del Ministerio que dirige Diana Morant señalan que el propio nombre del centro adscrito ya indica algo que «no había sucedido nunca» en el sistema universitario español, como es el hecho de que un colegio profesional imparta directamente títulos oficiales en España.
Para el Ministerio, la docencia «está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar». Además, las mismas fuentes recuerdan que la función de impartir docencia oficial «no es la función de los colegios profesionales, como dice la ley».
Medida avalada por el Ministerio y con informes «favorables»
Por su parte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido que el centro adscrito cumple la normativa y ha asegurado que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lo ha «avalado» al concederle el código necesario para que pueda ser incorporado a las memorias de los títulos.
«Todo el procedimiento se remonta a 2023. La tramitación de la solicitud para la autorización del ICAM como centro adscrito, que fue presentada por la propia Complutense a finales de ese año, ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente», han insistido desde el departamento que lidera Emilio Viciana.
Las mismas fuentes han subrayado que la propuesta cuenta con «todos los informes favorables» y han señalado que el Ministerio le ha concedido ya el código de centro necesario para que pueda ser incorporado a las memorias de los títulos como centro de impartición de enseñanzas superiores adscrito a la UCM. «El Gobierno está recurriendo algo que el mismo ha avalado concediendo este código», han manifestado.
