Las cuatro jornadas de huelga estatal de médicos en protesta por el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad han obligado a cancelar 22.000 consultas, 1.500 cirugías y 3.000 pruebas en la Comunidad de Madrid, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.
«En la Comunidad de Madrid se han visto afectadas 30.000 personas por esta huelga», ha explicado la máxima responsable de la Sanidad madrileña, Fátima Matute, en declaraciones a los medios al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La consejera madrileña ya anticipó esta semana que, lógicamente, las cuatro jornadas de huelga convocadas en todo el país para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, durante las que se han establecido unos servicios mínimos en la región para garantizar la asistencia sanitaria, tendrán una repercusión en el aumento de las listas de espera.
La ministra hablará con los sindicatos
Por su lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han solicitado retirar el nuevo Estatuto Marco y mantener vigente el texto del año 2003, una petición que trasladará a los sindicatos del Ámbito de Negociación en la reunión de la próxima semana para conocer su opinión.

«Por eso, el lunes, en la mesa del Ámbito de Negociación, vamos a trasladar lo que ha pasado hoy en el Consejo Interterritorial y vamos a preguntar sobre esta propuesta de retirada del Estatuto Marco», ha señalado García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
La ministra ha explicado que durante el CISNS las comunidades ‘populares’ han pedido la retirada del texto, lo que, a su juicio, supondría la perdida de mejores que se habían pactado: «El PP nos ha pedido que siga todo aquello que se ha mantenido durante 22 años, como el maltrato, la precariedad y el malestar».
Pese a ello, ha asegurado que su intención es seguir defendiendo el nuevo texto «a capa y espada». «Voy a hacer todo lo posible para que este texto llegue al Congreso de los Diputados, pero para eso necesito el apoyo a un texto trabajado por las comunidades y por los sindicatos. Este no es un texto del Ministerio de Sanidad, como nos han querido decir las comunidades autónomas», ha apuntado.
