La gripe aviar sigue latente tras los preocupantes focos del último trimestre del año, que acabaron con la vida de centenares de cigüeñas silvestres en el parque regional del Sureste. La Comunidad ha reconocido un total de 27 focos de gripe aviar altamente patógena tanto en aves silvestres como en aves de corral desde octubre. En ese momento se registró un primer caso en Alcobendas. Al tiempo, ha defendido las medidas adoptadas frente a una oleada de influenza aviar que afectaba a toda España y parte de Europa.
Así lo ha señalado el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel de Oteo, donde ha precisado que la Comunidad de Madrid publicó resoluciones por cada foco detectado.
La gripe aviar es una enfermedad de declaración obligatoria y cada foco debe confirmarse mediante análisis. Según De Oteo, la Comunidad de Madrid ha actuado en esta línea en todos y cada uno de los focos detectados en la región en los últimos meses.
La detección de un foco de gripe aviar ha ido acompañada de una serie de medidas. Entre otras, la instauración de un radio de 3 kilómetros para una zona de protección, y otra zona de vigilancia de diez kilómetros. Estas medidas han sido instauradas desde el primer foco en Alcobendas y aplicadas a nivel nacional.
Según el propio director general, la Comunidad de Madrid llevado a cabo cerca de 980 rastreos en explotaciones avícolas, frente a los 80 que le exigía la normativa, «doce veces más de lo obligatorio». Así, ha defendido la coordinación del Ejecutivo autonómico con el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas.
Los protocolos
La Comunidad de Madrid activó ya a comienzos de octubre unos protocolos para la recogida de cadáveres de aves con instrucciones específicas. Agentes forestales, los bomberos y policías locales fueron los principales involucrados en la recogida de aves muertas.
Las recomendaciones incluían uso de guantes, mascarillas y dos bolsas. Y detallaban la forma adecuada en que deben ser recogidos los restos de aves muertas. De Oteo ha rechazado así las acusaciones de la diputada socialista Maria Isabel Andaluz. Ésta había acusado a la Comunidad de Madrid de «dar instrucciones pero no los medios» para la retirada de aves muertas.
La recogida de restos de aves muertas por gripe aviar fue abiertamente criticada por bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Acusaron al Ejecutivo de no brindar todos los medios ni la información necesaria para hacer frente al riesgo de contagio.
De hecho, los bomberos exigieron el cese del director general de Emergencias, Pablo Cristobal, por este asunto, quien finalmente fue relevado.
