La Comunidad de Madrid ha anunciado que incrementará la oferta de vivienda en alquiler asequible y simplificará los procedimientos de adjudicación del Plan Vive al tiempo que flexibilizan los requisitos con la ampliación de los umbrales de ingresos para unidades de dos miembros.
Así, los topes se sitúan entre 1,5 y 5,5 veces el IPREM en el caso de las viviendas de precio básico, y entre 1,5 y 7,5 veces para las de precio limitado, lo que permitirá que un mayor número de ciudadanos pueda cumplir las condiciones exigidas.
Se trata de una medida adoptada por el Gobierno regional que se produce en un contexto de continuas renuncias en los accesos a estas viviendas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación normativa elaborada por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. El cambio en el decreto 84/2020 amplía el ámbito de actuación del Ejecutivo autonómico para incluir parcelas ubicadas en suelos de otras Administraciones Públicas adscritas a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de ayuntamientos.
«Esta medida permitirá disponer de más terreno para la promoción de vivienda pública y facilitar que un mayor número de ciudadanos disponga de soluciones habitacionales», han señalado fuentes regionales.
Publicación de las listas
Entre las principales novedades, se refuerzan la gestión y transparencia de los procesos de adjudicación. Así, las listas de solicitantes se publicarán de forma permanente en la web del concesionario, con enlace desde la página institucional, lo que posibilitará su actualización continua y mejorará el acceso a la información por parte de los interesados.
Además, se flexibilizan los requisitos con la ampliación de los umbrales de ingresos para unidades de dos miembros, que se sitúan entre 1,5 y 5,5 veces el IPREM en el caso de las viviendas de precio básico, y entre 1,5 y 7,5 veces para las de precio limitado, lo que permitirá que un mayor número de ciudadanos pueda cumplir las condiciones exigidas.
Asimismo, se podrán emplear los datos fiscales más recientes disponibles y se admitirán declaraciones responsables cuando se hayan producido cambios relevantes en la situación económica. El texto incorpora también medidas para optimizar la ocupación de los inmuebles.
Entre ellas, destaca la posibilidad de reasignar los pisos inicialmente reservados a cupos específicos, como víctimas de violencia contra la mujer o personas asiladas, cuando queden vacantes, así como la reducción de los plazos de adjudicación para agilizar el proceso.
