“Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian”. Con este lema contundente, miles de trabajadores, estudiantes y docentes de las seis universidades públicas de Madrid se preparan para dos días de huelga —miércoles y jueves— en protesta por la infrafinanciación crónica y el giro “hacia un modelo empresarial” que denuncian desde la comunidad universitaria.
La gota que colma el vaso: la futura Ley de Universidades de Ayuso
La convocatoria, respaldada por sindicatos como CC.OO., UGT, CGT y CNT, apunta directamente al proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende aprobar antes de que acabe el año.
Desde su anuncio, la norma ha despertado el rechazo de buena parte del sector por su propuesta de financiación por objetivos, el recorte de aportaciones públicas (se exigirá a los centros cubrir un 30% de su gasto con fondos privados) y la inclusión de un régimen sancionador que, para los convocantes, limita la autonomía universitaria y las libertades estudiantiles.
“Nos quieren calladas y privatizadas”, denuncian desde la coordinadora de plataformas universitarias, que agrupa a miembros de la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III.
La Complutense, al borde del colapso: necesita un préstamo de 34 millones
La situación financiera no es solo teórica. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha tenido que pedir un préstamo de más de 34 millones de euros para cubrir su déficit estructural. La Comunidad de Madrid lo autorizó a finales de octubre, y el centro deberá presentar ahora un plan económico financiero con medidas como una retención del 35% del gasto hasta 2028.
A pesar de la gravedad, el rector Joaquín Goyache ha garantizado que no peligran las nóminas ni la estabilidad del profesorado. Sin embargo, el caso de la Complutense refleja —según los convocantes— el deterioro de todo el sistema universitario madrileño.
Las cifras no cuadran: el 0,46% del PIB frente al 1% que reclama el sector
El presupuesto autonómico para 2026 contempla 1.239 millones de euros para universidades, un 6,5% más que en 2025. Pero para el personal universitario, “es un parche que no cubre las necesidades reales”. Piden una inversión del 1% del PIB regional frente al actual 0,46%.
“La Comunidad de Madrid se desentiende del 30% del gasto y encima nos pone objetivos para acceder a los fondos”, critican desde la coordinadora, que considera que el nuevo modelo “incentiva la dependencia del capital privado” y “encarece el acceso a la educación superior”.
Sanciones de hasta 300.000 euros por “alterar el orden” en los campus
La ley que prepara el equipo de Emilio Viciana, consejero de Universidades, incluye un régimen sancionador que ha causado especial indignación: se contemplan multas de hasta 300.000 euros por acciones que, según denuncian los estudiantes, “criminalizan la protesta y la libertad de expresión” en los campus.
Aunque se han suavizado algunas propuestas iniciales, los colectivos universitarios advierten de una “mordaza universitaria” y un ataque a la autonomía de los centros.
Profesores en la calle, clases al aire libre y decanos en Sol
La protesta viene cocinándose desde hace meses. Profesores han impartido clases al aire libre, los decanos de la Complutense han salido a la Puerta del Sol para exigir “un plan realista de financiación”, y el ambiente de tensión ha ido en aumento.
Ahora, con la huelga del 26 y 27 de noviembre, la comunidad universitaria lanza su órdago al Gobierno regional. “No es solo una cuestión de dinero —aseguran—, es una cuestión de futuro: defender la universidad pública o verla desaparecer”.
