Tragsa, la Comunidad de Madrid y el comité de empresa de las Brigadas Forestales contratadas por la compañía pública celebrarán este jueves su primer encuentro conjunto desde que comenzó la huelga indefinida – reactivada este pasado lunes -, con el objetivo de tratar de desbloquear el conflicto laboral.
La cita está programada para las 11:00 horas en la sede de Tragsa en Leganés, donde se analizarán las reivindicaciones de estos trabajadores. Este personal fue contratado en 2022 por encargo de la Comunidad de Madrid, un contrato que finalizará en diciembre.
Los representantes sindicales denuncian precariedad, temporalidad y la falta de actualización del convenio colectivo, sin cambios desde 2008. Entre sus exigencias figuran la revisión de unos salarios congelados desde 2010, el reconocimiento de la peligrosidad y toxicidad de su labor —actualmente sin protección ante agentes cancerígenos—, y el fin de la temporalidad, que afecta al 40% de la plantilla con contratos de solo cuatro meses.
También reclaman mejoras en unas bases que llevan dos décadas sin inversión y la aplicación de la Ley 5/2024, aprobada el pasado noviembre y que, denuncian, la Comunidad no está cumpliendo.
En total, se trata de unos 500 bomberos forestales —unos 350 en temporada baja— que trabajan en la región bajo la contratación de Tragsa.
Expectativas ante la reunión
El comité de empresa —integrado por UGT, Firet y CGT— acude con cautela pero también con esperanzas de avances en materia laboral. «Somos cautelosos, entendemos que es una primera toma de contacto», ha explicado Julio Chana, de CGT, recordando que es la primera reunión tripartita tras seis meses de movilizaciones.
Por su parte, Rafael Fernández (UGT) ha señalado que los representantes están «expectantes» ante lo que pueda plantear Tragsa, cuyo accionista mayoritario es la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda. «Entendemos que en esta reunión hay todavía mucho de qué hablar, esperemos que mucho que acordar, y que sea el inicio de la apertura de una mesa negociadora, que empecemos a acercar acuerdos entre todos, sobre todo que sean beneficiosos para todo el servicio de bomberos forestales y por ende a toda la ciudadanía», añade.
El comité insiste en la necesidad de «compromisos y certezas firmes» en lugar de simples promesas. «La línea roja es que necesitamos acuerdos firmados», subrayó Chana.
¿Quién tiene las competencias? choque entre la Comunidad y Tragsa
Desde el Gobierno regional ya han confirmado que consideran «justas» las reclamaciones laborales y también se han mostrado optimistas. «Toda la esperanza puesta», declaró ayer el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.
La Comunidad ya ha comunicado a Tragsa su intención de renovar el encargo para tareas de prevención, vigilancia, apoyo en incendios forestales y actuaciones ante fenómenos meteorológicos adversos. El nuevo contrato, previsto para 2026, supondrá un aumento de cuatro millones de euros en el presupuesto anual —superando los 32 millones— y garantizará la consolidación de más de 425 efectivos a jornada completa, poniendo fin a las contrataciones temporales desde mayo de 2026. Además, se prevé una mejora en complementos por trabajo en situaciones meteorológicas extremas.
No obstante, persisten diferencias sobre quién tiene la competencia para formalizar estas mejoras. El Ejecutivo autonómico argumenta que no puede negociarlas al tratarse de un convenio sectorial, mientras que Tragsa sostiene que no está legitimada para modificarlo, aunque sí podría negociar «su propio convenio de empresa».
Actualmente, los brigadistas están regulados por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid. Según explicó recientemente el presidente de Tragsa, Jesús Casas, la compañía asumió el servicio en 2022 «subrogándolo con el convenio que existía en la Comunidad de Madrid y con el personal que ya existía«.
Los brigadistas no son «personal de Tragsa», explicó Casas, «es personal que tenían las empresas privadas con un convenio regional sectorial», insistió el presidente, quien reiteró que la empresa pública «no puede negociar un convenio regional y sectorial».«No se nos puede pedir que negociemos un convenio del que no somos parte».
En cualquier caso, la empresa asegura que aplicará las mejoras laborales que se incluyan en el nuevo contrato.
El comité de empresa rechaza de plano la posibilidad de integrarse en el convenio de la BRIF estatal, una alternativa que la Comunidad considera viable legalmente pero que, para los trabajadores, «claramente no es una opción» porque generaría «inseguridad jurídica».
