La Audiencia Nacional (AN) ha dictado sentencia en el caso que se seguía contra el que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada.
El tribunal ha determinado que Prada sea condenado a siete años de cárcel por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos por un total de 40 millones de euros en la construcción del proyecto fallido del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.
La sentencia también condena por el mismo delito a penas de tres años y medio de prisión a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de ese proyecto, ya que les considera cooperadores necesarios: Isabelino Baños (director general técnico) Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).
Los magistrados establecen además que el exconsejero Prada, Baños, De las Heras y Gómez Gordo deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40.482.735,78 euros, y subsidiariamente en defecto de los anteriores responderá civilmente por dicha cantidad García de Castro.
A todos los condenados, no obstante, la AN les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.
Un sexto acusado, Mariano José Sanz (subdirector general técnico), ha sido absuelto por el tribunal, al entender que un máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.
Contratación sin controles administrativos
En la sentencia, la AN explica que para el proyecto de Campus de la Justicia se llevó a cabo una «intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad, que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea».
«Los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una ciudad de la justicia dejó de ser el objetivo principal», añade la resolución, «para convertirse en un pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos cuyo objeto se halla más en publicitar el Campus que en la propia ejecución del proyecto», en especial el encargo al arquitecto británico Norman Foster para que diseñara varios edificios del complejo.
Para los magistrados, la construcción del complejo «nunca se hizo realidad y el gasto excesivo empleado en la contratación fue una de las causas del fracaso del proyecto«.
Condena para Alfredo Prada por malversación grave
El tribunal expresa que la malversación ocasionada en el proyecto es de «suma gravedad», puesto que basta considerar que el contrato suscrito con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio costó a las arcas públicas más de 13 millones de euros, a los que hay que añadir los costes de los otros 23 contratos enjuiciados, cuya suma alcanza los 40 millones de euros.
Tal cantidad, subraya, es de una «extraordinaria relevancia» y ha dañado de forma clara el servicio público, recordando que la urbanización y edificación de un complejo que albergara todas las sedes judiciales de la capital no se ha logrado culminar.
Sobre el delito de prevaricación, el tribunal lo atribuye a la celebración de unos contratos alejados de los fines que constituyen el objeto de la sociedad y que se impuso la voluntad de los acusados, en especial del entonces consejero Prada, «pero también de los demás, que es la elección directa, acorde con sus deseos, de las empresas que van a ser contratadas».
