La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en un desayuno informativo que la Administración prohibirá a quienes hayan sido condenados por okupación o usurpación el acceso a las viviendas públicas promovidas por la Administración regional.
Esta restricción será efectiva durante cinco años, desde la fecha de la resolución judicial. Será una de las medidas adoptadas por Ayuso en su lucha contra la okupación ilegal.
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