La Asociación 7291 Verdad y Justicia ha reclamado que se lleve a cabo una investigación “urgente y exhaustiva”sobre el desvío de 61,5 millones de euros que, según denuncian, estaban destinados a las residencias públicas de la Comunidad de Madrid y acabaron usándose para paliar la deuda del Gobierno regional con el grupo Quirón.
La asociación sostiene que esta información aparece reflejada en el informe anual de la Cámara de Cuentas, donde se señala que el Consejo de Gobierno autorizó en 2024 una transferencia de 61,5 millones procedentes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) —con destino a residencias— hacia el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
“Una nueva afrenta” a las residencias públicas
Desde 7291 Verdad y Justicia aseguran que el contenido del informe ha generado “indignación” y lo consideran una nueva afrenta hacia un sistema que, recuerdan, lleva tiempo denunciando “deficiencias de medios y personal” en las residencias públicas.
En su comunicado, la asociación subraya además el contexto asistencial: afirman que 2025 se ha cerrado con 2.022 personas en lista de espera para acceder a una plaza residencial y con 17.747 en lista de espera de ayuda a domicilio.
“En lugar de solucionar estos problemas, se dilapida el dinero para pagar a empresas privadas”, reprochan.
El dolor de las familias y el recuerdo de las 7.291 víctimas
La asociación, que agrupa a familiares y personas vinculadas a las 7.291 personas fallecidas en residencias madrileñas durante la pandemia, en lo que denominan los “protocolos de la vergüenza”, sostiene que este episodio supone “una burla más” al trato que, denuncian, reciben por parte del Ejecutivo regional.
En el texto, cargan directamente contra el Gobierno autonómico y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y vinculan este supuesto desvío con la falta de mejoras en la atención y en los recursos de los centros.
La presidenta de la asociación eleva el tono
La presidenta de 7291 Verdad y Justicia, Mª Jesús Valero, afirma que, tras “seis años de impunidad total”, les resulta intolerable que se actúe “de esta manera contra las residencias”.
“Murieron 7.291 personas abandonadas sin asistencia sanitaria”, asegura Valero, que también denuncia que, a su juicio, las residencias “son un castigo” para quienes viven en ellas y para sus familias, que “luchan día a día” por su dignidad y por unas ratios adecuadas.
