Hoy se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista de la historia de España. Hace ya 20 años. Pero el recuerdo está muy vivo. Siempre lo estará. El 11 de marzo de 2004 estallaron diez bombas en cuatro trenes de Madrid, las cuales provocaron 193 muertes y más de 2.000 heridos con secuelas físicas y psicológicas.
Eran las 7:39 horas del 11 de marzo de 2004 cuando tres bombas estallaban en un tren que llegaba a Atocha desde Guadalajara. Tres minutos después cuatro bombas más explosionaban en un convoy que circulaba a 500 metros de esa estación, a la altura de la calle Téllez. Simultáneamente otras dos explosiones se registraban en la estación del Pozo del Tío Raimundo y una última en la de Santa Eugenia.
En total, diez bombas en cuatro trenes que circulaban en hora punta, con cientos de trabajadores y estudiantes procedentes la mayoría de ellos de la capital alcarreña, de Alcalá de Henares y de barrios periféricos de Madrid.
193 muertos
La explosión simultánea de esas diez mochilas bomba en los cuatro trenes causó la muerte de 192 personas: 34 perecieron en el convoy de Atocha; 63 frente a la calle Téllez, 65 en el de la estación del Pozo del Tío Raimundo, 14 en Santa Eugenia y otras 16 en diferentes hospitales. La última de ellas fue reconocida en 2014 tras permanecer una década en coma.
A estas 192 víctimas mortales del 11M se sumó el subinspector del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional Francisco Javier Torronteras, fallecido en el asalto al piso de Leganés (Madrid) el 3 de abril al inmolarse en su interior siete miembros de la célula yihadista que habían colocado las trece mochilas cargadas con explosivos y de las que tres no llegaron a detonar.
Los fallecidos pertenecían a 17 nacionalidades distintas, siendo la española, con 144, la más afectada. Tras los españoles, el origen de las víctimas mortales más numerosas fue Rumanía, con 16 asesinados; Ecuador, con seis; Bulgaria y Polonia, con cuatro; y Perú, con tres.
Las explosiones provocaron heridas a 2.084 viajeros. Casi un centenar de personas quedaron con un alto grado de incapacidad física que, en muchos casos, las inhabilitó de por vida para trabajar.
La mayoría de los afectados, tanto víctimas mortales como heridos, eran ciudadanos de clase media y trabajadora de menos de 65 años que se dirigían a sus lugares de trabajo, aunque también viajaban estudiantes.
Un antes y un después
La masacre marcó un antes y un después en la respuesta de Madrid ante una emergencia de esa magnitud, en la que desde los servicios sanitarios hasta las fuerzas de seguridad y toda la ciudadanía cumplieron con su deber.
El 11 de marzo de 2004 fue el seguramente el día más largo para Madrid, pero también aquel jueves fue el día en el que el pueblo madrileño y toda España dio ejemplo de su solidaridad y de la respuesta eficaz de los servicios de emergencia ante una masacre sin precedentes.
Vecinos que en pijama auxiliaron con lo que podían a los heridos, ciudadanos que dejaron sus trabajos y sus clases para donar sangre o para trasladar a los afectados a los hospitales, donde muchos de los pacientes que estaban ingresados pidieron el alta voluntaria para ceder su cama.
Taxis y autobuses convertidos en ambulancias y en transporte gratuito para las familias que iban llegando a la morgue instalada en Ifema, donde cientos de psicólogos se presentaron voluntarios.
Hoteleros que ofrecieron sus habitaciones a familiares; médicos, enfermeros, bomberos, policías y forenses que se personaron voluntariamente para prestar su ayuda en los hospitales de campaña como el instalado en el polideportivo «Daoiz y Velarde», uno de los emblemas de la respuesta inmediata al ataque que, a apenas 500 metros de Atocha, atendió a 250 personas, diez de las cuales murieron allí.
El ataque no paralizó Madrid, que, dolorida, se revolvió contra la barbarie de forma serena sin caer en la trampa del racismo, la xenofobia y el odio. Y que 20 años después de la barbarie sigue recordando a las 193 víctimas de aquella masacre.
20 años en la memoria
Más allá de los actos de homenaje celebrados por el Ayuntamiento de Madrid o el de la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, que tendrá lugar este lunes, este año la Fundación Víctimas del Terrorismo, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Ministerio del Interior han organizado una emotiva exposición.
Bajo el nombre de ’20 años del 11M. Memoria de dolor y solidaridad’, la exposición fue inaugurada hace unos días en la Galería de las Colecciones Reales y se podrá visitar en la Plaza de la Armería de Madrid hasta el 20 de marzo.
Esta exposición pretende recordar, a través de 67 fotografías del fondo documental de EFE, a las víctimas de esa masacre, merecedoras de este homenaje en el 20 aniversario de los atentados que enmudecieron a España.
Pero también quiere servir de homenaje a los ciudadanos de a pie, a los taxistas, a los conductores de los autobuses de la EMT y a todos los madrileños a los que les faltaron manos para ayudar.
Y como no, a los cientos de servidores públicos -sanitarios, bomberos, policías, psicólogos…- que en el día más largo no dejaron en ningún momento de auxiliar a los heridos y de atender a sus familiares y allegados. Así como a los policías, fiscales, magistrados y abogados que lucharon años después por que se encontrara a los responsables de este atentado y se les condenara.
Tres condenados aún en prisión
Fue el 31 de octubre de 2007 cuando la Audiencia Nacional dictó una sentencia que dejaba claro que el atentado fue obra de células o grupos terroristas de tipo yihadista, aunque no había encontrado pruebas suficientes para condenar a ninguno de los acusados como autor intelectual.
Sí consideró autores materiales a dos de los procesados: Jamal Zougam y Otman El Gnaoui, condenados a 42.922 y 42.924 años de prisión, respectivamente. De todos los condenados, solo estos dos y el exminero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de cárcel por sustraer los explosivos en la Mina Conchita y suministrarlos a la célula del 11-M, permanecen en la cárcel. Saldrán en 2044.
Además de los tres que permanecen en prisión, otros nueve condenados fueron expulsados de España tras cumplir condena. Rachid Aglif, Rafa Zouhier, Hassan el Haski, Hamid Ahmidan, Mohamed Bouharrat, Fouad el Morabit, Saed el Harrak y Youseff Belhadj fueron expulsados a Marruecos.
Abdelmajid Bouchar, quien escapó del piso de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés (Madrid), donde se suicidaron siete de los terroristas, fue detenido en Serbia en 2005. Su condena venció a finales de septiembre.
Además, entre las personas que se inmolaron en Leganés el 3 de abril de 2004 fueron Jamal Ahmidan, alias ‘El Chino’, Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, conocido como ‘El Tunecino’, ambos considerados como cabecillas del comando 11-M. Una explosión que le costó la vida al GEO de la Policía Nacional, Francisco Javier Torronteras.
¿Prescribe el atentado en 2024?
Sin embargo, varias asociaciones de víctimas tienen aún una espina clavada: se desconoce quiénes fueron los autores intelectuales del atentado. Los jueces no lograron pruebas suficientes para condenar a ninguno de los acusados como autor intelectual.
Y alguna de ellas, como la Asociación de Víctimas del 11M lleva unos años denunciando otro hecho: «Si nada cambia, este 11 de marzo de 2024, los crímenes cometidos quedarán prescritos y, sus responsables, libres de cualquier tipo de pena», algo que quieren evitar logrando la no prescripción del atentado.
No sería la primera vez que, tras la impunidad que una prescripción ofrece, los terroristas alzasen la voz y declarasen haber sido los autores de un atentado. Por ello temen que, veinte años después, puedan aparecer en público, reclamar su autoría y que la justicia española no pueda hacer nada, ya que el delito habrá prescrito.
Aunque hoy en día los crímenes de terrorismo,no prescriben, en 2004 aún no se había modificado el Código Penal, con lo que los únicos delitos que no prescribían por entonces eran los de lesa humanidad.
Tras la citada modificación del Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona, se sumaron a los crímenes que no prescriben, junto a los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.