La Comunidad de Madrid ha cerrado el mes de octubre con 13.660 personas en lista de espera de la dependencia, con un «preocupante» aumento del 24,6%, según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, cuyo presidente, José Manuel Ramírez Navarro, ha comparecido este miércoles en el Congreso.
En este sentido, el documento revela que en los diez primeros meses de 2025 fallecieron en la región 1.285 personas dependientes han fallecido en la Comunidad en los primeros nueve meses del año en lista de espera. Estaban pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA (Programa Individual de Atención).
A fecha 31 de octubre, el informe refleja que había en la región 13.660 personas en lista de espera, de las que 13.411 están esperando la prestación o servicio a la que tienen derecho, solamente 249 están esperando la valoración.
«Preocupante evolución» en la región
En este sentido, el informe alerta de la «preocupante» evolución en la Comunidad, con un aumento del 24,6% en la lista de espera (+2.699). Además, en relación al número de solicitantes, un 4,9% de las personas estarían esperando algún tipo de trámite.
Según este estudio, la región se encuentra además entre las comunidades donde más se ha incrementado el ‘limbo de la dependencia’ -personas pendientes de recibir la prestación-, con subida del 29,9%, pese a ser la cuarta en la que más ha crecido la cifra de personas atendidas (+8%).
El tiempo medio de espera desde la solicitud hasta la resolución del expediente en la región fue de 346 días, cuatro por debajo de la media del conjunto del país. En este sentido, la región incrementa los tiempos de tramitación en lo que va de año, con un aumento de 40 días respecto al pasado año, e incumple así el plazo máximo previsto para resolver un expediente, que por normativa se sitúa en seis meses (180 días).
Una «urgencia social»
Durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara Baja, Ramírez ha pedido plantear el tema de la dependencia como una «urgencia social y un asunto de Estado».
Aunque ha afirmado que las personas en situación de dependencia «afortunadamente tienen hoy un nivel de atención muy superior al que tenían antes de la publicación de la ley en el 2006», también ha destacado que «todavía, lamentablemente, queda muchísimo camino por recorrer».
